lunes, 29 de octubre de 2007

En función de “Aunar solidariamente esfuerzos para defender la universidad pública” , las directivas de la Universidad Pedagógica Nacional están dispu

El 17 de octubre de 2007 las directivas de la Universidad Pedagógica Nacional, comunicaron a la comunidad universitaria su decisión de cerrar la Universidad durante 14 días, mostrando que las siguientes situaciones afectan el “orden institucional de la universidad”:

Situación Nº 1:

En semanas anteriores la Universidad ha sido agredida por diferentes actos de violencia que han puesto en riesgo la vida de los miembros de la Comunidad Universitaria.

En esta afirmación que encabeza el comunicado, las directivas consideran que existe una amenaza externa que intimida la vida de los miembros de la Comunidad Universitaria y el orden institucional. Al denominar a quienes disienten de la posición de las directivas con el apelativo de amenaza, se utilizan los códigos clásicos de la guerra y en una guerra, el adversario es el objetivo; para alcanzar dicho objetivo, es necesario desarmar al enemigo y prescindir de él[1]. Por esta afirmación y las acciones que las directivas adelantan desde 2003, pareciera que los estudiantes, profesores y trabajadores que disentimos, somos el enemigo.

Situación Nº 2:

El agitado clima electoral ha afectado el orden académico de nuestra alma mater, siendo asediada por grupos que penetran clandestinamente en sus predios y de manera sorpresiva producen disturbios que alteran en forma significativa la convivencia.

La segunda situación a la que acuden las directivas es “el agitado clima electoral”. Cómo es posible que faltando doce días para las elecciones, el clima electoral afecte a la Universidad Pedagógica Nacional para decidir un cierre de catorce días y no afecte la Procuraduría General de la Nacional, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Congreso de la República, las instituciones estatales y privadas y las otras universidades publicas y privadas del país, las cuales desarrollaron normalmente sus actividades y mantuvieron sus instalaciones abiertas, mientras la Universidad Pedagógica Nacional, suspendía sus actividades acudiendo al argumento del agitado clima electoral.

Según las directivas el agitado clima electoral afecta de manera causal el “orden académico” y la “Convivencia” con disturbios ocasionados por grupos que penetran sorpresiva y clandestinamente al alma mater. ¿Cuáles son los grupos que además de mantener agitado el clima electoral, irrumpen clandestinamente y afectan la universidad?. Parece que las directivas se encuentran bajo el embrujo autoritario de la seguridad democrática y confunden, como la mayoría desinformada, la protesta social con la violencia preelectoral.

Situación Nº 3

La situación de zozobra que producen los grupos al margen de la ley se acrecienta por cuanto los próximos comicios electorales han sido declarados objetivo militar.

Efectivamente las elecciones que se realizarán el próximo 28 de Octubre han sido cuestionadas por la Misión de Observación Electoral (MOE)[2], según la cual "en 576 de los 1.098 municipios del país no hay garantías para ejercer el derecho al voto"[3], debido a las implicaciones de los procesos de la parapolítica, el rearme de grupos paramilitares y bandas emergentes, la presencia e intimidación de los movimientos guerrilleros y las amenazas y asesinatos de candidatos a distintas corporaciones. Situaciones que han puesto en evidencia la precariedad de la democracia Colombiana y las dimensiones del conflicto armado en el país. Sin embargo esto no tiene relación causal con el cierre de la Universidad, lo cual pone en evidencia que las directivas desinformadas repiten un enunciado genérico que circula en los medios masivos, que fabrican una propaganda política basada en la popularidad del gobierno y en la aparición de un ciudadano que no decide en el juego argumentativo de la opinión pública, sino que se caracteriza por su indiferencia como elector, para movilizar el consumo, la lealtad y el conformismo.[4]

Situación Nº 4

En el día de hoy un reducido grupo de personas bloqueó los edificios e impidió el acceso de estudiantes, profesores y funcionarios al trabajo académico normal, lo cual constituye un grave desconocimiento al reglamento estudiantil que ordena nuestra convivencia.

Según las directivas, los estudiantes que el día 17 de octubre de 2007 denunciaban la precaria asistencia médica que se les brinda en las instalaciones de la Universidad, son “un reducido grupo de personas” que “bloquea los edificios”, impide el trabajo académico normal y además comete faltas contra el reglamento estudiantil que ordena nuestra convivencia.

Cómo es posible que las directivas excluyan a los estudiantes cuando ellos deciden constituirse en movimiento social para exigir el cumplimiento de sus derechos mediante el ejercicio legítimo de la protesta, y los incluya, con el rótulo grupos de personas, como sujetos susceptibles corrección mediante un reglamento estudiantil con funciones policivas, que regula lo que las directivas denominan nuestra convivencia.

Por los hechos que se desencadenaron el día 18 de octubre cuando la fuerza pública fue autorizada a ingresar a la Universidad, nuestra convivencia es la que impone el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)[5], que utiliza gases lacrimógenos, petos policiales, aturdidoras, macanas, escudos y que se protege de las “agresiones de la población civil desarmada” con un sofisticado equipo de seguridad. El mismo organismo que defiende nuestra convivencia, según los informes de ACNUR,[6] es responsable de la muerte de Nicolás David Neira de quince años; del estudiante de la Universidad del Valle Jhony Silva Aranguren; del estudiante de la Universidad Nacional Óscar Leonardo Salas; y de varios campesinos y afrodescendientes en los departamentos de Cauca y Nariño, asesinados en el marco de diversas modalidades legitimas de lucha social, como protestas[7], movilizaciones[8] y tomas y bloqueos[9]. Se suma a la lista de acciones por la convivencia protagonizadas por el ESMAD, las agresiones de las cuales fueron víctimas los estudiantes, quienes denuncian estos hechos en un comunicado del día 18 de octubre y las heridas causadas al profesor Víctor Manuel Prieto del departamento de Ciencias Sociales y a una estudiante de biología de la Universidad.

Las situaciones analizadas hasta aquí desencadenaron según las directivas las siguientes decisiones:

Decisión Nº 1.

Suspender las actividades académicas presenciales de pregrado y salidas de campo desde la fecha hasta el 30 de octubre del presente año. Se exceptúan las prácticas docentes.

Decisión Nº 2.

Convocar a los profesores y al personal administrativo a continuar desarrollando sus actividades, de acuerdo con los planes establecidos por cada dependencia, con miras a restablecer las condiciones para culminar exitosamente el semestre que hemos adelantado.

Decisión Nº 3.

Aunar solidariamente esfuerzos para defender la universidad pública, el derecho a la educación, la vida de los ciudadanos y la libertad de cátedra, asumiendo una postura democrática y civilista que nos permita orientar nuestra voluntad política en la consolidación de la paz y la convivencia nacional.

Decisión Nº 4.

Invitar a los profesores y a los estudiantes a reflexionar y movilizarse en favor de una Universidad deliberante, sin violencia, responsable de la educación de nuestro país como corresponde a las expectativas que de ella tiene la sociedad colombiana.

En la primera decisión, al suspender las actividades académicas del pregrado se está violando el derecho a la educación, en el nivel educativo donde se concentra el mayor número de estudiantes, (cifras que indican ampliación de cobertura para la administración) quienes cuando pagan su matricula y pagan impuestos, esperan que las actividades académicas del semestre al cual se inscriben, se lleven a cabo en su totalidad, no esperan que por decisiones unilaterales de las directivas, pierdan el 12%[10] de la actividad académica a la cual tienen derecho. Como si fuera poco, no se suspenden las prácticas docentes, de las cuales los estudiantes son la representación institucional de la Universidad ante colegios y organizaciones, donde se desarrollan las prácticas docentes. Lo cual muestra que la Universidad no cumple con sus responsabilidades con los estudiantes, pero si les exige a ellos, que deben cumplir sus responsabilidades como miembros de la Universidad ante otras instituciones.

En la segunda decisión, después de suspender las actividades académicas de pregrado, se convoca a los profesores de planta y administrativos a continuar con las actividades regulares, como si estas no incluyeran el trabajo con los estudiantes de pregrado y como si no fueran fundamentales, para concluir como la administración sugiere, “exitosamente el semestre”.

Con las dos últimas decisiones, se busca un consenso silencioso para que la comunidad universitaria cumpla tres mandatos: aunar esfuerzos, defender la universidad pública, y reflexionar y movilizarse, a favor de una Universidad beligerante.

De esta manera se usurpan enunciados propios de las movilizaciones sociales, lideradas por estudiantes, docentes y trabajadores desde el mes de mayo de 2007, para referirse, en una neolengua[11], a una Universidad autoritaria, precaria en recursos, excluyente, sin posibilidad de disenso y dispuesta a emplear la fuerza policiva para hacer cumplir sus mandatos; una Universidad donde: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza.[12]

Para nosotros la defensa de la educación pública y la reflexión y movilización social a favor de una Universidad beligerante, se realiza en condiciones muy distintas a las que proponen las directivas, quienes vienen demostrando de manera sistemática su incapacidad para entender los conflictos propios de la vida universitaria, para respaldar y garantizar los derechos que tenemos estudiantes, profesores y trabajadores como miembros de la comunidad y como ciudadanos.

Al perpetuar la posición autoritaria de las directivas, sustentada en situaciones y decisiones como las expresadas en el comunicado del 17 de octubre de 2007, una vez más están evitando el urgente debate público que venimos exigiendo desde mayo de este año, relacionado de un lado, con el estado presupuestal y financiero de la Universidad y de otro lado, con nuestra viabilidad como institución de educación pública, seriamente afectada por las reformas políticas del gobierno nacional y por los proyectos en los que está empeñado el futuro (Valmaría) y está pendiente el presente.


Omar Alberto Garzón
Sandra Patricia Rodríguez
Profesores UPN

[1] von Clausewitz, Karl (1832/1992) De la Guerra. Barcelona: Labor p.33

[2] La Misión de Observación Electoral es una organización de la Sociedad Civil independiente del gobierno y de los partidos políticos, conformada para realizar una observación rigurosa de todas las etapas de los procesos electorales colombianos. Esta conformada por organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran Corporación Viva la Ciudadanía, Central Unitaria de los Trabajadores-CUT, Centro de Investigación y Educación Popular-CINEP, Confederación General del Trabajo-CGT, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia-ANMUCIC, Corporación Nuevo Arco Iris, Corporación Centro de Estudios Constitucionales – PLURAL entre otras.

[3] Misión de Observación Electoral. Retos electorales, riesgos y recomendaciones. Elecciones. Colombia octubre 28 de 2007. En línea [consulta: 25 octubre 2008]

[4] Habermas, Jürgen. (1961/1997). Historia y crítica de la opinión pública (5ª edición) México: Ediciones G. Gilli.

[5] El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) es un comando especial que nace como un organismo desconcentrado de la Dirección Operativa de la Policía Nacional, con el objetivo de apoyar a los departamentos y policías metropolitanas en el control y neutralización de los disturbios ciudadanos y espectáculos públicos cuando su capacidad en talento humano y medios sea rebasada. Es decir es un ente policivo propio de la seguridad democrática, especializado en reprimir la población civil.

[6] Amnistía Internacional, Estado de los derechos Humanos en el mundo. Colombia, informes de 2006 y 2007. En línea [consulta: 25 octubre 2008]

[7] Para información de las directivas, las protestas son “Acciones sociales de más de diez personas (el numero de diez personas como mínimo para considerar colectiva una acción es convencionalmente aceptado por los analistas de los movimientos sociales) que irrumpen en espacios públicos para expresar intencionalmente demandas o presionar soluciones ante distintos niveles del Estado o entidades privadas” Archila, Mauricio. (2003). Idas y venidas. Vueltas y Revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958-1990. Bogotá: ICANH–CINEP p. 482

[8] Para información de las directivas, las movilizaciones “Corresponden a las acciones sociales colectivas que hacen presencia temporal en espacios públicos, especialmente vías. Incluye lo que comúnmente se designa como marchas, concentraciones, mítines, plantones y manifestaciones públicas en general”. Archila, Mauricio. (2003). Idas y venidas. Vueltas y Revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958-1990. Bogotá: ICANH–CINEP p. 482

[9] Para información de las directivas, este tipo de protesta social se refiere a las ocupaciones temporales de instalaciones o de espacios públicos, no necesariamente estatales. Se incluye la toma de instituciones así como los bloqueos de vías públicas y las barricadas. Archila, Mauricio. (2003). Idas y venidas. Vueltas y Revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958-1990. Bogotá: ICANH–CINEP p. 482

[10] Comunicado de profesores. Departamento de Biología. Universidad Pedagógica Nacional. octubre 25 de 2007.

[11] Neolengua era el idioma oficial de Oceanía, construcción lingüística orientada a generar odio por el adversario, en este caso Eurasia. Orwell, George. (2004). 1984. Barcelona: Destino.

[12] Ibid. p.10

Solidaridad con la ACVC e indignación por la detención de sus líderes

"Invitamos a sentar nuestra voz de protesta en contra de estos hechos".
Revista Tercer Piso / Domingo 30 de septiembre de 2007


Es la Colombia derramada e imbuida en las injusticias de quienes ostentan el poder, la cual se ha perpetuado desde que se modificaron las relaciones de dependencia. Así, el grito de independencia proyectado en la soberanía nacional y en la ruptura de las cadenas esclavistas coloniales, en principio, significó la verdadera emancipación del pueblo colombiano, pero en su transcurrir demostró y consolidó el relato sobre el que se cierne nuestra historia a través del espacio y el tiempo: la opresión de quienes ostentan el poder y regalan nuestro país como sus servicios al extranjero, hacia el pueblo constituido por campesinos, negros, mulatos, mestizos e indígenas que reivindican su condición de pueblo como esencial para la construcción de un país libre de injusticias y desigualdades, soberano y digno.

En este contexto, la organización social desde los oprimidos ha resignificado la pantomima estatal denunciando su carácter vertical y corrupto en el marco de la guerra sucia, la cual tiene como objetivo la persecución abierta de toda forma de organización social bajo la supuesta premisa de ataque a la insurgencia. Así estudiantes, campesinos, trabajadores, líderes síndicales, etc. se convierten en el objetivo de las fuerzas armadas al servicio de intereses ajenos al pueblo, que atentan contra el proyecto alternativo colombiano surgido desde las entrañas de campos y ciudades.

Una de las tantas organizaciones golpeadas por la guerra sucia es la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, a la cual hoy 30 de septiembre de 2007 extendemos nuestros lazos y voz de solidaridad para los dirigentes de la misma, injustamente detenidos. Además, expresamos nuestra indignación ante los hechos, por atentar contra la integridad y el derecho de libre asociación menoscabado por las acciones, en justo momento cuando se prepara la concentración nacional en Bogotá, preparada desde los campos colombianos. Invitamos a sentar nuestra voz de protesta en contra de estos hechos mediante el impulso y apoyo a mecanismos judiciales que detracten esta medida, la socialización y actos conmemorativos en colegios, universidades, juntas de acción comunal entre otros espacios, al unísono de la adhesión a dicho proyecto no por la simple coyuntura sino en el proceso de un proyecto alternativo que en este momento busca la derogación mediante la cual el presidente Uribe invalidó la figura jurídica de Zona de Reserva Campesina.

Finalmente desde el grupo de la revista de estudiantes del departamento de Ciencias Sociales "Tercer Piso", rechazamos esta medida y reivindicamos nuestro apoyo a la ACVC en su caminar, donde no pocos son los muertos, naturalmente, pues son las balas de quienes diariamente pregonan defender a Colombia, las cuales disfrazan las muertes de campesinos bajo falsos "positivos"; impiden llegar alimentos y medicamentos a las veredas a través de bloqueos, convirtiendo la búsqueda de los mismos en un viacrucis, pues quien baja por la remesa no se sabe si volverá -afirman en la región sus habitantes. Por ello, extendemos nuestro espacio de publicación para las voces de los labriegos y labriegas constructores desde la resistencia por la transformación de nuestro suelo.

LA UPN NO SE CALLA SI LA CIERRAN SE LEVANTA Y SIGUE EN LA LUCHA

TOMADO DE: http://colombia.indymedia.org/news/2007/10/73832.php

POR ALGUNOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

El día 18 de octubre del año 2007, los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional que teníamos clase de 7 nos encontramos con un panfleto que firmaban las directivas en el cual se mostraban algunas situaciones en las que se basaban para tomar la decisión de cerrar la UPN, pero en el cual se invitaba al personal de docentes y administrativos a continuar con las actividades establecidas (¿Como se puede construir conocimiento y academia en una universidad cerrada O es que ahora somos UPN cerrada y a distancia?). Además de involucraba a los estudiantes que el día anterior habían realizado un bloqueo a los edificios de la sede de la calle 72 con grupos al margen de la ley, para crear un ambiente caótico y llamando la atención de que el nuevo reglamento prohibía a los estudiantes realizar este tipo de hechos, sin recordar el derecho que tenemos como población civil a manifestar desacuerdos y a protestar.

Algunos de los estudiantes al ver estas medidas arbitrarias ratificadas en argumentos falaces, decidimos: correr la reja de la calle 72 para poder ingresar a la universidad y realizar una asamblea en las instalaciones de esta, se redacto un documento por parte de algunos estudiantes donde se explicaba a la comunidad universitaria los motivos por los cuales el día anterior se había realizado el bloqueo. Alrededor de las 11 de la mañana uno de los estudiantes dio la información de que el grupo ESMAD tenía una orden firmada por el lacayo uribista IBARRA para que desalojáramos la universidad; entre los estudiantes que estábamos allí tomamos la decisión de formar un cordon humano dentro de la universidad; pero cuando nos disponíamos a realizarlo los agentes del escuadrón de la muerte (ESMAD) ingresaron a la universidad rodeando al pequeño grupo de estudiantes que nos encontrábamos allí los sucesos consiguientes a la entrada del ESMAD queremos narrarlos de forma mas detallada ya que queremos denunciar LA FORMA INHUMANA Y VIOLENTA EN LA QUE EL ESMAD INGRESO A LA UNIVERSIDAD:

1. Los estudiantes que nos encontrábamos allí fuimos acorralados por los agentes del ESMAD gracias a lo cual formaron un grupo que ocupo menos espacio y estaba totalmente rodeado.

2. Los estudiantes optamos por alzar las manos para que no fuéramos acusados de usar la fuerza contra los agentes.

3. En el momento en que todos teníamos las manos arriba se escucharon dos petos los cuales estamos totalmente seguros y convencidos fueron lanzados por los agentes del ESMAD a quema ropa contra los estudiantes.

4. Cuando ya todos salimos empujados por los escudos de los agentes, ya se habían escuchado 5 detonaciones de petos.

5. En el momento de salir alrededor de 7 estudiantes cayeron al piso por la forma en la que los agentes los empujaron.

6. Pero entre los que se encontraban caídos había un profesor en la parte de afuera de la universidad el cual tenia la parte inferior de la espalda quemada por un peto que un agente del ESMAD le lanzo sin medir las consecuencias (se sabe que quedo con quemaduras de tercer y segundo grado).

7. Luego fuimos perseguidos por agentes del ESMAD por alrededor de 45 minutos y luego dispersados por un gas lacrimógeno.

8. Alrededor de 15 heridos por esquirlas, gases pimientas en los ojos, golpes, y empujones fueron el saldo del el chistecito de don IBARRA.

Por lo cual nosotros estudiantes de la universidad pedagógica comunicamos que:

• Nos encontramos en total desacuerdo con el cierre arbitrario de la universidad, y lo consideramos un acto de terrorismo y una cortina de humo para tapar el desfalco fiscal que tiene la universidad.

• Denunciamos la agresión física a la que fuimos sometidos con el consentimiento del Señor Oscar Ibarra y lo declaramos culpable de todos los heridos que dejo esta situación.

• Nos declaramos defensores de la Educación Publica y por ende la defenderemos con todo lo que este a nuestro alcance.

• Exigimos que se reabra la universidad y que se repongan los días que hemos perdido a causa del terrorista Oscar Ibarra.

• Invitamos a la comunidad universitaria a reivindicar su derecho a la educación, violado por este cierre y a que no se envíen trabajos por el medio electrónico ya que nosotros no tenemos nada que ver con este cierre por ende no tenemos que mendigar nada lo que tenemos es que exigir lo que nos han quitado (LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN SE ARRANCAN AL CALOR DE LA LUCHA ORGANIZADA). ENVIAR LOS TRABAJOS POR E – MAIL SERIA RATIFICAR Y APOYAR EL CIERRE QUE IBARRA Y SU ADMINISTRACIÓN LACAYA URIBISTA DECLARO SIN ARGUMENTOS VALIDOS. ¡UPN SE MUEVE O SE MUERE! ¡EL PUEBLO LO DICE Y TIENE LA RAZON PRIMERO LO PRIMERO SALUD Y EDUCACIÒN!

RESPECTO AL INDISCRIMINADO CIERRE Y LA AUTORIZACION DE ENTRADA AL ESMAD EN LOS PREDIOS DE LA UPN (CALLE 72)

RESPECTO AL CIERRE Y LA AUTORIZACION DE ENTRADA AL ESMAD POR PARTE DE LA ANDMINISTRACION

Queridos Amigos y amigas

El día 18 de octubre, por orden de las directivas de la UPN el ESMAD
ingresó a los predios de la Universidad y desalojó violentamente a los
estudiantes y profesores que se encontraban aquí.
Como resultado de este uso excesivo de fuerza fueron heridos una
estudiante de biología, que hoy tiene la cara quemada y complicaciones
en un ojo y el profesor de Ciencias Sociales Victor Manuel Prieto,
ambos agredidos por el ESMAD desde el interio de la UPN.
El día anterior, las "directivas" de la UPN emitieron un comunicado en
el que suspenden actividades académicas presenciales de pregrado y
salidas de campo, reiterando los arguemntos que se han convertido en
sentido común y única lógica de explicación:
"la Universidad ha sido agredida por diferentes actos de violencia que
han puesto en riesgo la vida de los miembros de la comunidad
universitaria"
"El agitado clima electoral ha afectado el orden académico de nuestra
alma mater"...
"La situación de zozobra que producen los grupos al margen de la ley..."
Llama la atención que en el comunicado no dan respuesta ni hacen
mención a ninguno de los justos reclamos de los estudiantes que
protestaron por la falta de recursos para la atención en enfermería.
En días pasados en el Boletín Económico y Financiero No. la
Vicerrectoría Administrativa y Financiera se hace evidente que existe
una disminución del 27% en el activo corriente durante el primer
semestre de 2007.
Según se ha podido establecer, el ingreso del ESMAD a la UPN el día
miércoles 18 de octubre fue autorizado y solicitado por la rectoría.
Por esto, hay varios asuntos que la comunidad universitaria no puede
pasar por alto:
- La suspensión de actividades académicas, que como lo pregunta la
Defensoría del Pueblo en carta enviada al Rector Ibarra el 18 de
octubre, "si para la adopción de esta desición, se guardaron los
conductos regulares por los órganos competentes de esta institución".
- Las implicaciones para la comunidad universitaria de la solicitud de
invasión del ESMAD al campus universitario y el resultado: dos
heridos, uno de ellos profesor de planta de la UPN. Más aún cuando en
el comunicadode las directivas, se adoptó en la segunda decisión:
"convocar a los profesores y al personal administrativo a continuar
desarrollando sus actividades, de acuerdo a los planes establecidos
por cada dependencia, con miras a restablecer las condiciones para
culminar exitosamente el semestre que hemos adelantado". Fue en
cumplimeinto de esta decisón de las directivas que resultó afectado el
colega VICTOR MANUEL PRIETO.

Frank Molano
Profesor Catedratico Departamento de Ciencias Sociales
Universidad Pedagogica Nacional

sábado, 27 de octubre de 2007

Qué sucedió en Mayo y quienes sus herederos

ACERCA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN LA UPN


El movimiento estudiantil surgido durante el mes de mayo de 2007 es resultado, por una parte, de una coyuntura vivida a nivel nacional como lo es el trámite burocrático para la aprobación del plan de desarrollo 2006 – 2010 en lo que a nosotros respecta en materia educativa, enraizado en el proceso de intromisión rentista en la educación superior y media, abiertamente declarado desde el Plan de Apertura Educativa puesto en marcha por el presidente Cesar Gaviria[1] y que poco a poco se ha implementado durante las posteriores presidencias. Por otro lado, debido a la situación de crisis interna vivida en cada una de las universidades públicas, en lo referente a finanzas, acreditación de carreras, cambios de currículos etc.… En este contexto, la consigna del movimiento a nivel nacional, como en la UPN, es la defensa de la educación pública, menoscabada y puesta en bandeja de plata para los intereses oficiales, quienes al insertarse en el monopolio internacional, quieren hacer de la educación un empréstito tal como se encuentra en la agenda de servicios de la OMC[2].

Dicho panorama alimenta el movimiento estudiantil, pero tiene otros antecedentes necesarios de resaltar que interfieren en la tan anhelada autonomía universitaria. Así, desde abril se viene haciendo énfasis y se preparó el camino del paro universitario del 2 y 3 de mayo, el cual tuvo como finalidad decir no al señalamiento, enjuiciamiento, persecución y criminalización de la comunidad universitaria, la cual, en el marco de la Seguridad Democrática, se ha venido tachando de terrorista y en consecuencia, el asedio paramilitar en las aulas ha venido acrecentándose como lo patenta el informe de riesgo No 048 de diciembre 16 de 2006 de la Defensoría del Pueblo y el Sistema de Alertas Tempranas. En él, cinco universidades capitalinas se encuentran en riesgo; ésto, luego de tantos estudiantes, maestros y dirigentes depuestos[3] hace parte de la aceptación oficial que nuestras aulas se encuentran en medio de la guerra de “baja intensidad” declarada hacia los movimientos, sojuzgados por su legítima acción de reivindicar y exigir sus derechos.

En relación con las políticas educativas, desde instancias internacionales el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL) [4], entidad de carácter no gubernamental e independiente, esta conformado por personalidades de varios países, quienes se encuentran estrechamente ligados a campos políticos, económicos, industriales, educativos y religiosos; que a su vez participan en la elaboración y presentación de los informes de avance en la educación de cada uno de sus países[5]; los cuales no se encuentran propiamente capacitados para generar propuestas que fortalezcan el sentido de un verdadero proyecto educativo nacional, puesto que sus intereses son guiados por su condición de clase alta en disimilitud con los intereses de la base popular, mayoritaria en Latinoamérica .

Estas son las problemáticas que ellos perciben en América Latina:

1. Falta de estándares establecidos con respecto al aprendizaje de los alumnos y la falta de evaluación del rendimiento.

2. Ausencia de autoridad y responsabilidad por los resultados a nivel de las escuelas.

3. Mala calidad de la enseñanza.

4. Inversión insuficiente en la enseñanza básica y secundaria.

Dichas problemáticas planteadas revelan una clara preocupación por la falta de reformas en las políticas educativas de Latino América que obedezcan a un modelo de desarrollo modernizador global financiero, el cual es obviamente ajustado a estándares internacionales y necesidades del monopolio internacional. En este marco el programa de promoción de la reforma educativa (PREAL) propone:

1. Establecer estándares educativos y medir el avance en su cumplimiento.

2. Otorgar a las escuelas y comunidades locales mayor control sobre la educación y responsabilidad por sus resultados.

3. Fortalecer la profesión docente mediante incrementos en sueldos, una reforma de los sistemas de capacitación y mayor responsabilidad de los profesores ante las comunidades que sirven.

4. Aumentar la inversión por alumno en la educación básica.

El eje articulador de la propuesta es la promoción humana, donde la incorporación de los estándares y la reforma del currículo va dirigida a que los estudiantes y profesores se formen como seres productivos, eficientes y rentables; en pocas palabras, significa la homogenización, mercantilización y tecnificación de la educación para el trabajo, visión de formar para la “vida”, una vida concebida en términos de competencias, en posibilidades para la globalización que operen bajo las lógicas del capitalismo.

Por otro lado, la intención de estas reformas educativas se encaminan a la descentralización del poder y las obligaciones económicas por parte del Estado hacia las instituciones publicas de educación superior, las cuales deberán asumir sus gastos y deudas, incrementando descomunalmente los costos para quienes decidan ingresar a estos establecimientos; tal como se cita, se disminuiría la inversión a la educación superior para incrementarla en la básica y la secundaria, pues allí es donde según los índices revelados por el PREAL, se presentan los problemas de fondo en el sistema educativo de América Latina.

Esta entidad, con la colaboración de varios organismos multilaterales (BID, BM…), determinan a partir de pruebas la calidad, el estado de los proyectos educativos de cada país, mostrando las deficiencias y las fortalezas de cada uno. Los resultados para el informe del 2001 demuestran el bajo nivel de América Latina en comparación con Asia; así, para el primero la deserción escolar, el bajo rendimiento, (en áreas como español y matemáticas), escaso egreso en la secundaria y poca cobertura en regiones que cuentan con alta población indígena (Guatemala, Bolivia); han demostrado la necesidad de construir nuevas políticas y reformas educativas de los ciudadanos, en donde las condiciones de tipo social, racial, de género y económico sean tomadas en cuenta para dicha construcción y que por el contrario no muestren y comprueben en estos casos que una misma reforma aplicada para todos es algo conveniente. Este discurso proviene de las políticas inclusivas liberales, que en últimas buscan la ampliación de la cobertura sin importar las necesidades y los intereses que demande cada país.

Dichas propuestas tienen clara resonancia en las políticas creadas e impuestas por el ejecutivo colombiano, que se manifiestan en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010, en el cual varios artículos se rechazaron de manera vehemente por atentar contra la educación como derecho y su conversión a servicio. Así, en el ámbito financiero, dos artículos modificarían gravemente el sistema financiero de las universidades: el artículo 34 y 38. El primero hace referencia a que los recursos para las universidades públicas, dentro de las mismas, deben ser ajustados en su estructura financiera y de costos, con el fin de enfrentarse a la nueva realidad a imponer del plan de desarrollo; el segundo, fue el que causó más polémica y fue la consigna dentro de las marchas, “no al artículo 38”, el cual pretendía que las universidades asumieran la totalidad del pasivo pensional de sus trabajadores, lo cual aboca a la gradual privatización, pues los costos asumidos por los claustros se reflejarían en el aumento de matrículas, incremento de servicios en educación informal e inserción gradual en la educación a distancia con el fin de ahorrar en gastos[6].

Dicho artículo se consideró inconstitucional[7] y ecléctico por tres situaciones. En primer lugar, existe una incoherencia entre los objetivos planteados y el plan de inversión, pues en ningún apartado del plan de desarrollo se aduce el saneamiento del pasivo pensional, pero contradictoriamente en el plan de inversiones se incluye un artículo en relación; en segundo lugar, se recorta e interfiere directamente en la autonomía universitaria, pues la sentencia C-220 / 97 certifica que las universidades se encuentran en su obligación y derecho de elaborar y administrar el destino de sus propios recursos según sus necesidades, pero al recortar el suministro obligatorio del Estado[8] se rompen con las anteriores planeaciones que restringen el libre desarrollo académico. Respecto al tercer punto, el artículo 38 (…) invade la competencia de 2 normas de carácter específico, la ley 30 de 1992, que organiza la educación superior, y la ley 100, de 1993 que crea el sistema de seguridad social. En el primer caso como hemos dicho, vulnera la autonomía financiera y en el segundo, amplia la interpretación del artículo 131 al extenderla a las universidades de orden nacional y lo modifica al obligar a concurrir en la creación de fondos[9].

Según el representante a la Cámara por Bogota Wilson Borja, la ampliación del artículo 131 hace que la universidad le tenga que pagar al Estado sus transferencias, desde la vigencia de la ley 100[10], esto las induciría nefastamente a la quiebra y el cierre o, por el contrario, si se adhiere al plan de gobierno, pasaría a ser una empresa social como nefastamente se ha aplicado en los hospitales.

Para reafirmar tales objetivos, el artículo 37 del PND otorga al gobierno la facultad de modificar los requisitos que permitan asignar recursos a las universidades públicas. Uno de estos, consiste en la ampliación de cobertura en las instalaciones de las universidades, es decir, ofrecer el máximo de cupos a estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Como si se tratara de una estrategia de exterminio, se somete a las universidades[11] a ofrecer educación superior en condiciones mínimas, apenas sosteniendo las demandas más urgentes y primarias, que en momentos alcanzan a ser vulneradas. Como fórmula paliativa frente a los efectos de estas medidas; se presenta el artículo 39, normalización de pasivos pensionales, siguiendo la propuesta de una legislación que orienten lo procesos de enajenación y secularización de la universidad pública como cuerpo íntegro y autónomo de aceptar flemáticamente los artículos 34 y 38 el PND.

Como medida curricular, que bien podría justificar estas determinaciones de orden económico; el Artículo 6 del PND establece el enfoque de formación por competencias, en pos de estructurar una educación destinada a un futuro laboral netamente empresarial, a través de la imposición de estándares de competencias que trascienden los modelos curriculares, autonomías institucionales, procurando un modelo para pensar la educación, las libertades institucionales, el acceso al conocimiento, y el aval parar profundizar sobre el mismo, modelo que frisa con la intención de pretenderse hegemónico; ello, sin haber mencionado la implantación de ECAES y el impuesto a egresados que una vez más demuestra el afán gubernamental por recargar sus responsabilidades económicas al seno mismo del que fuese su beneficiario.

Ante esta situación los estudiantes dijimos No mediante medidas de hecho, como lo fueron los campamentos, bloqueos y tomas de colegios públicos por estudiantes y padres de familia con el fin de crear espacios para la discusión y lectura de la problemática negada, silenciada e invisibilizada con la normalidad académica de fines de Abril y principios de Mayo; dicha organización se visualizó en la afluencia de personas durante la marcha del 10 de Mayo, una fuerte medida de presión para el gobierno, que le obligo a reunirse con los rectores de cinco universidades nacionales (Nacional, Tecnológica del Chocó, del Cauca, Caldas y Córdoba), dando como resultado que el gobierno asumiría un porcentaje mayor al 95% del pasivo pensional[12], en consecuencia, el rector de la Universidad Nacional explicó a El Tiempo que el pasivo pensional asciende a 3 billones de pesos, de los cuales este centro educativo pagaría el 3% que corresponde a 90.000 millones de pesos[13].

Esta medida aunque aparentemente es positiva y conciliadora, en el fondo sigue dejando la misma problemática; en el caso de nuestra universidad, en donde el escándalo financiero presentado desde Agosto de 2005 demuestra que la misma se encuentra en déficit, a pesar de ello, no se ha realizado un dictamen oficial por parte de la Contaduría General de la Nación acerca del informe presentado y manipulado por el administrativo de la universidad; esto, induce claramente a pensar que las finanzas de la universidad no están dispuestas a recibir un golpe de tal magnitud, ya que se vería abocada a la ley de quiebras, la misma que operó sobre la Universidad del Atlántico.

Por ello, las marchas siguieron así como el campamento, el cual sirvió para soportar de manera más contundente la asamblea Permanente y el bloqueo, que bien podría entenderse como el símbolo más representativo a lo largo de la movilización, ya que da fe de entrega total de todas las actividades cotidianas a un asunto que compromete, no sólo el futuro universitario, sino el de toda la estructura educativa colombiana en pos de la consolidación de la privatización como única forma de entender la institucionalidad nacional. El campamento fue garante de una asamblea en todo el sentido de la palabra permanente, se manifestó como apuesta política que llegó a conmover los rígidos y arbitrarios designios administrativos (por supuesto, para nada violentos) y dio fe de la capacidad del cuerpo estudiantil de organizarse pacíficamente, como lo han reconocido los estamentos laboral y docente de la universidad.


[1] MARTINES, BOTERO. Juan TLC para educación superior: hacia la imposición del dogma neoliberal. En: http://www.recalca.org.co/AAtlccolombia/imposicion_edusuperior_oct06.htm, Consultado En: 26 de Mayo de 2007.

[2] Ver página www.omc.org

[3] Ver: TEJADA, Carolina. La universidad un campo de saber no de batalla. Publicado en Revista Brecha, Conflicto y Derechos Humanos. No 2 Marzo de 2007. Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

[4] PREAL. Quedándonos atrás, un informe del progreso educativo en América Latina. Informe sobre la comisión internacional sobre Educación, equidad y competitividad económica en América Latina y el Caribe. Diciembre de 2001.

[5] Uno de los integrantes para el caso colombiano es Rudolf Hommes.

[6] Durante la tercera semana de paro el presidente Uribe realizo uno de los acostumbrados consejos comunales en la sede de la UNAL a distancia, exaltando sus beneficios en cobertura, inserción al mercado educativo laboral mundial, reducción de costos y aumento de la autofinanciación. En coincidencia es lo que se ha pedido a la universidad pública.

[7] Retomamos los argumentos del profesor Leopoldo Múnera, profesor de derecho de la Universidad Nacional sede Bogotá.

[8] Pero el cual desde la emisión de la Ley 30 no se responsabiliza unívocamente, pues aclara que la familia y la sociedad son también responsables de la educación superior de sus integrantes.

[9] VALENCIA, Reina Lucía. El comienzo del fin de la universidad pública. En: Semanario Virtual Caja de Herramientas, Consultado 8 de junio de 2007 en: http://209.85.165.104/search?q=cache:NWFw8VxqBo0J:www.vivalaciudadania.org/cajavirtual/svc0062/download.php%3Farchivo%3Darticulo02+Federacion+de+Estudiantes+Universitarios&hl=es&ct=clnk&cd=8&gl=co

[10] BORJA, Wilson. El Plan Nacional de Desarrollo acaba con la educación pública, No hay negociación. En Boletín Cámara de Representantes.

[11] Que ya cuentan con altos niveles de hacinamiento; en condiciones y con recursos insuficientes para satisfacer tal demanda, hecho que se descara con mayor fuerza en las instalaciones de la Macarena (Universidad Distrital), y con menor urgencia, pero igual indiferencia, en las sedes central de la Universidad Distrital y Chapinero de la Universidad Pedagógica Nacional).

[12] VALENCIA, Reina Lucia. Op. Cit.

[13] Ibíd., Pág. 1



Este es un fragmento del artículo Acerca del Movimiento Estudiantil en la UPN, partícipe de la tercera publicación de la Revista de Estudiantes Tercer Piso, que refiere el movimiento de Mayo, a propósito de la actual situación de la Universidad Pública en Colombia. Como botón de muestra, nuestra Pedagógica, canceladas sus actividades durante dos semanas por injusta reclamación de sus estudiantes a causa de las condiciones mínimas en enfermería para ejercer el tan maltratado derecho a la educación (tres derechos vulnerados en un soocomunicado, salud, educación y protesta, ¡Vaya carambola señoras "directivas"!).


Por: Francys Cárdenas Ferrrucho (VIII Semestre LEBECS), Nancy Patricia Colmenares (VII Semestre LEBECS), Diana Lucía Penagos (Semestre IV LEBECS) Integrantes de la revista Tercer Piso.