ACVC: ENTRE AL REPRESION Y LA RESISTENCIA
POR EL DERECHO A LA TIERRA
El proceso de represión del campesinado colombiano por parte del estado ha sido una constante a lo largo de su historia, junto con el despojo de sus tierras y la violación a sus derechos fundamentales; en consecuencia, la necesidad de agruparse y autoorganizarce se constituye como alternativa necesaria para proponer y accionar frente a las problemáticas que los aquejan, ello resulta valeroso cuando su accionar se enmarca en la creciente militarización producto del Plan Patriota además, de la continua amenaza paramilitar cernida en el territorio colombiano. No en vano la represión se ha convertido en el principal mecanismo de dominación y de transformación de miles de personas en obreros explotados y vilipendiados; las instituciones nacionales se convierten en súbditos del capital privado y en verdugos de su propio pueblo; la conformación de grupos paramilitares obedece a planes de exterminio sistemático de millones de personas que se oponen al régimen de terror emprendido por el estado, a todas aquellas comunidades que se organizan ya sea en sindicatos, colectivos defensores de derechos humanos, organizaciones revolucionarias, campesinos e indígenas creadores de sus propios valores y que resisten entregar sus tierras a los terratenientes y a la explotación irracional capitalista, etc.
En este marco, la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra se configura como una organización social campesina formada con la finalidad de resistir, proponer y materializar acciones en relación al desplazamiento interno, la defensa de los derechos humanos, trabajo en seguridad alimentaria y la lucha por la tierra . Su origen se remonta a finales de 1998, posterior a la marcha campesina originada por la carta abierta de toma paramilitar de Carlos Castaño; como una forma de defensa y reivindicación del campesinado.
Frente a ello, el estado a pesar de consagrar constitucionalmente el derecho a la organización lo menoscaba en la práctica mediante la negación del Derecho Internacional Humanitario, este, indica que en situación de conflicto se debe respetar y proteger la población civil como sus bienes tanto individuales como comunales, sin embargo, es el ejército nacional -según denuncias de habitantes del valle del Cimitarra- en unión con los paramilitares –sin desconocer que son dos fuerzas militares complementarias y no distintas-, quienes frecuentemente hostigan a la población realizando bloqueos alimenticios y sanitarios, asesinatos indiscriminados, intimidación a la población con la finalidad de que ésta, a través de la fuerza, declare como guerrilleros a los líderes de la asociación etc..
Ejemplos de tal envergadura se pueden observar con la detención arbitraria y posterior judicialización de algunos de los líderes de la ACVC (Mario, Evaristo, Andrés y Oscar) ocurridos el día 29 de septiembre de 2007; posteriormente fueron detenidos dos integrantes más (Miguelito Huepa y Ramiro Ortega). Los hechos ocurrieron el día 19 de enero de 2008. Así mismo, se puede advertir la persecución contra el campesinado, provocando los asesinatos de varios de ellos bajo la denominación –por demás criminal por parte del estado- de guerrilleros <> en combate, o lo que en otros términos denominan falsos positivos. Entre estos hechos es indispensable mencionar el vil asesinato de Miguel Angel Gozález Huepa, hijo de Miguelito Huepa –detenido-judicializado. Actualmente todos los líderes de la organización tienen orden de captura; es indignante que la constitución sea solo un formalismo en nuestro país, pues el derecho a la libre expresión y a la organización solo son artículos sin ninguna materialización.
Ahora bien, como ya se mencionó arriba, la tierra se ha constituido en una de las principales banderas de lucha y reivindicación para el movimiento campesino. Para el caso de la ACVC éste se realiza mediante la figura jurídica de Zona de Reserva Campesina. Su proposición surge del campesinado colombiano, quienes plantean al Estado constituir una zona especial en donde el aseguramiento de la pequeña y mediana propiedad sea una realidad; de tal forma con apoyo del Banco Mundial se crean 4 Proyectos Pilotos de ZRC. Posteriormente la ACVC realiza la solicitud de dicha figura, otorgada el 10 de diciembre de 2002 y revocada el 10 de abril de 2003 durante el gobierno de Álvaro Uribe, justificando que dicha medida protegía a los guerrilleros asentados en la zona.
A pesar de ello la ACVC afirma en la práctica marchar sobre la ZRC; sin embargo, es necesario para esta replantarse y posicionarse sobre sus bases jurídicas (Ley 160 Cap. XIII, Decreto 1777 de Octubre de 96 y Acuerdo 024 noviembre 25 del 96) pues en ellas, el territorio otorgado no es del todo colectivo, este se parcela mediante las Unidades Agrícolas Familiares asignándole un precio a cada predio de acuerdo al salario mínimo vigente y al finalizar la deuda se entrega el título de propiedad, es decir, se retorna al mercado de tierras usado como remedo de Reforma Agraria desde los años 30´s; ¿Cómo se asegura el territorio si la tierra se convierte en una mercancía comerciable? No se reglamenta como un fijo inalienable, inprescriptible e inembargable, es decir frente a otra oleada de violencia -que por cierto aún no ha cesado- la presión sobre estos terrenos puede hacer que sean cedidos para su venta.
Por otro lado, uno de los objetivos desde el gobierno para la ZRC consiste en transformar el campesino en mediano empresario y anexarlo a las cadenas productivas, obviamente dicha conversión resulta insulsa pues el interés se centra en la obtención de mano de obra barata remunerada con jornales de muerte, más asequible aún para los monopolios cuando la ZRC a pesar de la participación colectiva e individual en los terrenos deben obligatoriamente plantear u aplicar proyectos productivos dentro del marco de la rentabilidad agro exportadora, es decir, la inmersión del campesinado dentro de las cadenas del mercado capitalista transnacional. En este plano, las alianzas productivas criticadas por la ACVC podrán materializarse posterior a la descongelación de dicha figura jurídica, es de prever para la asociación las acciones para evitar dichas medidas.
Finalmente, expresamos nuestra solidaridad a la ACVC, repudiamos y censuramos las acciones que sobre esta él Estado ha realizado con miras a desarticular su proceso; y resaltamos su ejemplo de lucha en medio del contexto de guerra., por que cuando una historia se escribe con lágrimas, dolor u pena existen más motivos para seguir adelante y redimir aquello negado “nuestros derechos”, en unión de quienes como nosotros han sido violentados de diversas formas.
POR EL DERECHO A LA TIERRA
El proceso de represión del campesinado colombiano por parte del estado ha sido una constante a lo largo de su historia, junto con el despojo de sus tierras y la violación a sus derechos fundamentales; en consecuencia, la necesidad de agruparse y autoorganizarce se constituye como alternativa necesaria para proponer y accionar frente a las problemáticas que los aquejan, ello resulta valeroso cuando su accionar se enmarca en la creciente militarización producto del Plan Patriota además, de la continua amenaza paramilitar cernida en el territorio colombiano. No en vano la represión se ha convertido en el principal mecanismo de dominación y de transformación de miles de personas en obreros explotados y vilipendiados; las instituciones nacionales se convierten en súbditos del capital privado y en verdugos de su propio pueblo; la conformación de grupos paramilitares obedece a planes de exterminio sistemático de millones de personas que se oponen al régimen de terror emprendido por el estado, a todas aquellas comunidades que se organizan ya sea en sindicatos, colectivos defensores de derechos humanos, organizaciones revolucionarias, campesinos e indígenas creadores de sus propios valores y que resisten entregar sus tierras a los terratenientes y a la explotación irracional capitalista, etc.
En este marco, la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra se configura como una organización social campesina formada con la finalidad de resistir, proponer y materializar acciones en relación al desplazamiento interno, la defensa de los derechos humanos, trabajo en seguridad alimentaria y la lucha por la tierra . Su origen se remonta a finales de 1998, posterior a la marcha campesina originada por la carta abierta de toma paramilitar de Carlos Castaño; como una forma de defensa y reivindicación del campesinado.
Frente a ello, el estado a pesar de consagrar constitucionalmente el derecho a la organización lo menoscaba en la práctica mediante la negación del Derecho Internacional Humanitario, este, indica que en situación de conflicto se debe respetar y proteger la población civil como sus bienes tanto individuales como comunales, sin embargo, es el ejército nacional -según denuncias de habitantes del valle del Cimitarra- en unión con los paramilitares –sin desconocer que son dos fuerzas militares complementarias y no distintas-, quienes frecuentemente hostigan a la población realizando bloqueos alimenticios y sanitarios, asesinatos indiscriminados, intimidación a la población con la finalidad de que ésta, a través de la fuerza, declare como guerrilleros a los líderes de la asociación etc..
Ejemplos de tal envergadura se pueden observar con la detención arbitraria y posterior judicialización de algunos de los líderes de la ACVC (Mario, Evaristo, Andrés y Oscar) ocurridos el día 29 de septiembre de 2007; posteriormente fueron detenidos dos integrantes más (Miguelito Huepa y Ramiro Ortega). Los hechos ocurrieron el día 19 de enero de 2008. Así mismo, se puede advertir la persecución contra el campesinado, provocando los asesinatos de varios de ellos bajo la denominación –por demás criminal por parte del estado- de guerrilleros <
Ahora bien, como ya se mencionó arriba, la tierra se ha constituido en una de las principales banderas de lucha y reivindicación para el movimiento campesino. Para el caso de la ACVC éste se realiza mediante la figura jurídica de Zona de Reserva Campesina. Su proposición surge del campesinado colombiano, quienes plantean al Estado constituir una zona especial en donde el aseguramiento de la pequeña y mediana propiedad sea una realidad; de tal forma con apoyo del Banco Mundial se crean 4 Proyectos Pilotos de ZRC. Posteriormente la ACVC realiza la solicitud de dicha figura, otorgada el 10 de diciembre de 2002 y revocada el 10 de abril de 2003 durante el gobierno de Álvaro Uribe, justificando que dicha medida protegía a los guerrilleros asentados en la zona.
A pesar de ello la ACVC afirma en la práctica marchar sobre la ZRC; sin embargo, es necesario para esta replantarse y posicionarse sobre sus bases jurídicas (Ley 160 Cap. XIII, Decreto 1777 de Octubre de 96 y Acuerdo 024 noviembre 25 del 96) pues en ellas, el territorio otorgado no es del todo colectivo, este se parcela mediante las Unidades Agrícolas Familiares asignándole un precio a cada predio de acuerdo al salario mínimo vigente y al finalizar la deuda se entrega el título de propiedad, es decir, se retorna al mercado de tierras usado como remedo de Reforma Agraria desde los años 30´s; ¿Cómo se asegura el territorio si la tierra se convierte en una mercancía comerciable? No se reglamenta como un fijo inalienable, inprescriptible e inembargable, es decir frente a otra oleada de violencia -que por cierto aún no ha cesado- la presión sobre estos terrenos puede hacer que sean cedidos para su venta.
Por otro lado, uno de los objetivos desde el gobierno para la ZRC consiste en transformar el campesino en mediano empresario y anexarlo a las cadenas productivas, obviamente dicha conversión resulta insulsa pues el interés se centra en la obtención de mano de obra barata remunerada con jornales de muerte, más asequible aún para los monopolios cuando la ZRC a pesar de la participación colectiva e individual en los terrenos deben obligatoriamente plantear u aplicar proyectos productivos dentro del marco de la rentabilidad agro exportadora, es decir, la inmersión del campesinado dentro de las cadenas del mercado capitalista transnacional. En este plano, las alianzas productivas criticadas por la ACVC podrán materializarse posterior a la descongelación de dicha figura jurídica, es de prever para la asociación las acciones para evitar dichas medidas.
Finalmente, expresamos nuestra solidaridad a la ACVC, repudiamos y censuramos las acciones que sobre esta él Estado ha realizado con miras a desarticular su proceso; y resaltamos su ejemplo de lucha en medio del contexto de guerra., por que cuando una historia se escribe con lágrimas, dolor u pena existen más motivos para seguir adelante y redimir aquello negado “nuestros derechos”, en unión de quienes como nosotros han sido violentados de diversas formas.
En este boletín participaron: Diana Lucia Penagos, Angel Sastoque y Francys Cárdenas. Integrantes grupo editorial revista de estudiantes del departamento de Ciencias Sociales TERCER PISO.
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