¿Y QUE PASA EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL?
Desde los años 80 el proceso de implementación del Neoliberalismo se tomó América Latina; en Colombia se consolidó a través de la Apertura Económica en los 90`s y se institucionalizó con la declaración de la constitución política de 1991. Desde este momento, en el ámbito educativo se ha creado todo un sustento jurídico, político y económico hacia la implementación de esta nueva fase del capitalismo. Así, se planteó la descentralización de las entidades territoriales con la consecuente autofinanciación, producto de ello las secretarias de educación también asumieron dicho rol en los marcos departamentales. A este proceso los planteles educativos y universidades no han sido ajenos, por ello, en la UPN desde el 2000 hemos vivido la materialización de dicha política mediante varias estrategias:
1) Desfinanciación estatal: El recorte presupuestal a nivel nacional para sectores como educación y salud es resultado de la creciente utilización de recursos para la guerra, a nivel legal se planteó abiertamente con el Plan de Desarrollo 2006-10; ello generó a nivel nacional una gran movilización estudiantil y del magisterio, permitiendo negociar las condiciones presupuestales para la educación. Sin embargo, la UPN actualmente autofinancia el 44% de su presupuesto (reunión CS 2007) mediante cursos de extensión, proyectos, asesorías educativas, etc. Ello menoscaba el carácter social y de libre acceso a la educación universitaria, además, limita el carácter educativo desde su accionar pues solo se entiende en tanto transmisor de conocimientos, y como una mercancía que se compra y se vende..
2) Administración del modelo económico: El silencio para disentir y apoyo a toda política educativa son una directriz en nuestra universidad; la actual administración se ha encargado de unificar el proyecto de la UPN con el proyecto internacional y nacional de mercantilización educativa, configurando un proceso de contrarrevolución educativa cuyas banderas son la ampliación de cupos, apertura de doble jornada, catedrización de la labor docente, y tercerización del sistema educativo; ello, al unísono del déficit financiero crean el ambiente propicio para hacer inviable la universidad y someterla a ley de quiebras. Además, el proceso de mercantilización no solo abarca la venta de cursos de extensión al público en general sino las carreras universitarias ubicadas en el portafolio de servicios de la UPN, así, la educación se constituye como un artículo de consumo mediante el cual se ingresa al sistema productivo y los profesores solo funcionan a modo de maquila reproduciendo dicha lógica. Nuestra universidad, desde las esferas institucionales, ha sido acrítica, servil y nada propositiva frente al actual contexto educativo. En últimas, la universidad funciona como subsidiaría del modelo económico y político de estado (clasista, extorsivo, mafioso, etc.) a través de las políticas educativas del gobierno, renunciando a liderar un proyecto político-educativo nacional.
3) Administración universitaria y seguridad democrática: La llegada a la rectoría de Ibarra representó una transformación en términos de la concepción que la administración representa del estudiantado. El actual modelo se sustenta en los principios de la seguridad democrática, según la cual existe la presión de grupos terroristas que intentan desestabilizar las instituciones democráticas. Entonces, el discurso de la administración afirma que al interior de la universidad operan grupos clandestinos que hacen parte de la base de los grupos terroristas, los cuales atentan contra la libertad, la honra y los bienes de la educación. Sin embardo, lo que se busca es consolidar el proyecto mafioso de la ultra derecha sustentado en la coservatización de las relaciones sociales existentes, y en el liberalismo de libre mercado.
Otro aspecto fundamental del modelo administrativo en estrecha relación con la seguridad democrática es el consumo de “drogas”. Según el gobierno nacional, las drogas constituyen uno de los factores que fomentan y financian la violencia y el terrorismo; por tanto, es indispensable la lucha frontal contra este “mal”. La administración Ibarra se ha adherido a este principio y ha generado mecanismos de persecución y exclusión contra compañeros sindicados de la venta y consumo de “drogas”. Empero, la ramplonería de los argumentos pone en evidencia que lo que se busca es imponer un conservatismo doctrinario sustentado en la ideología católico-moralizante donde el <
En últimas, está en proceso de consolidación la perversa maquinaria del oscurantismo, de tal forma que es prohibido pensar, y la crítica es violentamente exterminada; se viene imponiendo el hacer –de acuerdo a las necesidades del mercado y de la explotación de mano de obra barata en términos de esclavización- sobre el crear.
4) Transformaciones espaciales y mesianismo vulgar: Una de las expresiones a través de las cuales se reafirma el proyecto criminal de la administración es el concerniente a las reformas espaciales. Los muros en las cll 72 y 73, las plazoletas Darío Betancur y la de la cll 73, la macabra eliminación de los salones de la Fuerza y de los Espejos, etc., evidencian los mecanismos de control, disciplinamiento y vigilancia creados para homogenizar y mantener a “raya” a los estudiantes, por un lado, por otro, se busca generar espacios acordes con las necesidades de inversión de capital privado bajo la lógica de la rentabilidad financiera.
De igual manera, la administración pretende hacer creer en la posibilidad de hacer realidad el proyecto Valmaría. De tal forma que allí se solucionarían los problemas que afronta la universidad. Sin embargo, la burocracia administrativa y su incapacidad de generar soluciones políticas, se empeña en producir <
En este boletín participaron: Diana Lucia Penagos, Angel Sastoque y Francys Cárdenas. Integrantes grupo editorial revista de estudiantes del departamento de Ciencias Sociales TERCER PISO.
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