Qué sucedió en Mayo y quienes sus herederos

ACERCA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN LA UPN

El movimiento estudiantil surgido durante el mes de mayo de 2007 es resultado, por una parte, de una coyuntura vivida a nivel nacional como lo es el trámite burocrático para la aprobación del plan de desarrollo 2006 – 2010 en lo que a nosotros respecta en materia educativa, enraizado en el proceso de intromisión rentista en la educación superior y media, abiertamente declarado desde el Plan de Apertura Educativa puesto en marcha por el presidente Cesar Gaviria^[1] y que poco a poco se ha implementado durante las posteriores presidencias. Por otro lado, debido a la situación de crisis interna vivida en cada una de las universidades públicas, en lo referente a finanzas, acreditación de carreras, cambios de currículos etc.… En este contexto, la consigna del movimiento a nivel nacional, como en la UPN, es la defensa de la educación pública, menoscabada y puesta en bandeja de plata para los intereses oficiales, quienes al insertarse en el monopolio internacional, quieren hacer de la educación un empréstito tal como se encuentra en la agenda de servicios de la OMC^[2].

Dicho panorama alimenta el movimiento estudiantil, pero tiene otros antecedentes necesarios de resaltar que interfieren en la tan anhelada autonomía universitaria. Así, desde abril se viene haciendo énfasis y se preparó el camino del paro universitario del 2 y 3 de mayo, el cual tuvo como finalidad decir no al señalamiento, enjuiciamiento, persecución y criminalización de la comunidad universitaria, la cual, en el marco de la Seguridad Democrática, se ha venido tachando de terrorista y en consecuencia, el asedio paramilitar en las aulas ha venido acrecentándose como lo patenta el informe de riesgo No 048 de diciembre 16 de 2006 de la Defensoría del Pueblo y el Sistema de Alertas Tempranas. En él, cinco universidades capitalinas se encuentran en riesgo; ésto, luego de tantos estudiantes, maestros y dirigentes depuestos^[3] hace parte de la aceptación oficial que nuestras aulas se encuentran en medio de la guerra de “baja intensidad” declarada hacia los movimientos, sojuzgados por su legítima acción de reivindicar y exigir sus derechos.

En relación con las políticas educativas, desde instancias internacionales el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL) ^[4], entidad de carácter no gubernamental e independiente, esta conformado por personalidades de varios países, quienes se encuentran estrechamente ligados a campos políticos, económicos, industriales, educativos y religiosos; que a su vez participan en la elaboración y presentación de los informes de avance en la educación de cada uno de sus países^[5]; los cuales no se encuentran propiamente capacitados para generar propuestas que fortalezcan el sentido de un verdadero proyecto educativo nacional, puesto que sus intereses son guiados por su condición de clase alta en disimilitud con los intereses de la base popular, mayoritaria en Latinoamérica .

Estas son las problemáticas que ellos perciben en América Latina:

1. Falta de estándares establecidos con respecto al aprendizaje de los alumnos y la falta de evaluación del rendimiento.

2. Ausencia de autoridad y responsabilidad por los resultados a nivel de las escuelas.

3. Mala calidad de la enseñanza.

4. Inversión insuficiente en la enseñanza básica y secundaria.

Dichas problemáticas planteadas revelan una clara preocupación por la falta de reformas en las políticas educativas de Latino América que obedezcan a un modelo de desarrollo modernizador global financiero, el cual es obviamente ajustado a estándares internacionales y necesidades del monopolio internacional. En este marco el programa de promoción de la reforma educativa (PREAL) propone:

1. Establecer estándares educativos y medir el avance en su cumplimiento.

2. Otorgar a las escuelas y comunidades locales mayor control sobre la educación y responsabilidad por sus resultados.

3. Fortalecer la profesión docente mediante incrementos en sueldos, una reforma de los sistemas de capacitación y mayor responsabilidad de los profesores ante las comunidades que sirven.

4. Aumentar la inversión por alumno en la educación básica.

El eje articulador de la propuesta es la promoción humana, donde la incorporación de los estándares y la reforma del currículo va dirigida a que los estudiantes y profesores se formen como seres productivos, eficientes y rentables; en pocas palabras, significa la homogenización, mercantilización y tecnificación de la educación para el trabajo, visión de formar para la “vida”, una vida concebida en términos de competencias, en posibilidades para la globalización que operen bajo las lógicas del capitalismo.

Por otro lado, la intención de estas reformas educativas se encaminan a la descentralización del poder y las obligaciones económicas por parte del Estado hacia las instituciones publicas de educación superior, las cuales deberán asumir sus gastos y deudas, incrementando descomunalmente los costos para quienes decidan ingresar a estos establecimientos; tal como se cita, se disminuiría la inversión a la educación superior para incrementarla en la básica y la secundaria, pues allí es donde según los índices revelados por el PREAL, se presentan los problemas de fondo en el sistema educativo de América Latina.

Esta entidad, con la colaboración de varios organismos multilaterales (BID, BM…), determinan a partir de pruebas la calidad, el estado de los proyectos educativos de cada país, mostrando las deficiencias y las fortalezas de cada uno. Los resultados para el informe del 2001 demuestran el bajo nivel de América Latina en comparación con Asia; así, para el primero la deserción escolar, el bajo rendimiento, (en áreas como español y matemáticas), escaso egreso en la secundaria y poca cobertura en regiones que cuentan con alta población indígena (Guatemala, Bolivia); han demostrado la necesidad de construir nuevas políticas y reformas educativas de los ciudadanos, en donde las condiciones de tipo social, racial, de género y económico sean tomadas en cuenta para dicha construcción y que por el contrario no muestren y comprueben en estos casos que una misma reforma aplicada para todos es algo conveniente. Este discurso proviene de las políticas inclusivas liberales, que en últimas buscan la ampliación de la cobertura sin importar las necesidades y los intereses que demande cada país.

Dichas propuestas tienen clara resonancia en las políticas creadas e impuestas por el ejecutivo colombiano, que se manifiestan en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010, en el cual varios artículos se rechazaron de manera vehemente por atentar contra la educación como derecho y su conversión a servicio. Así, en el ámbito financiero, dos artículos modificarían gravemente el sistema financiero de las universidades: el artículo 34 y 38. El primero hace referencia a que los recursos para las universidades públicas, dentro de las mismas, deben ser ajustados en su estructura financiera y de costos, con el fin de enfrentarse a la nueva realidad a imponer del plan de desarrollo; el segundo, fue el que causó más polémica y fue la consigna dentro de las marchas, “no al artículo 38”, el cual pretendía que las universidades asumieran la totalidad del pasivo pensional de sus trabajadores, lo cual aboca a la gradual privatización, pues los costos asumidos por los claustros se reflejarían en el aumento de matrículas, incremento de servicios en educación informal e inserción gradual en la educación a distancia con el fin de ahorrar en gastos^[6].

Dicho artículo se consideró inconstitucional^[7] y ecléctico por tres situaciones. En primer lugar, existe una incoherencia entre los objetivos planteados y el plan de inversión, pues en ningún apartado del plan de desarrollo se aduce el saneamiento del pasivo pensional, pero contradictoriamente en el plan de inversiones se incluye un artículo en relación; en segundo lugar, se recorta e interfiere directamente en la autonomía universitaria, pues la sentencia C-220 / 97 certifica que las universidades se encuentran en su obligación y derecho de elaborar y administrar el destino de sus propios recursos según sus necesidades, pero al recortar el suministro obligatorio del Estado^[8] se rompen con las anteriores planeaciones que restringen el libre desarrollo académico. Respecto al tercer punto, el artículo 38 (…) invade la competencia de 2 normas de carácter específico, la ley 30 de 1992, que organiza la educación superior, y la ley 100, de 1993 que crea el sistema de seguridad social. En el primer caso como hemos dicho, vulnera la autonomía financiera y en el segundo, amplia la interpretación del artículo 131 al extenderla a las universidades de orden nacional y lo modifica al obligar a concurrir en la creación de fondos^[9].

Según el representante a la Cámara por Bogota Wilson Borja, la ampliación del artículo 131 hace que la universidad le tenga que pagar al Estado sus transferencias, desde la vigencia de la ley 100^[10], esto las induciría nefastamente a la quiebra y el cierre o, por el contrario, si se adhiere al plan de gobierno, pasaría a ser una empresa social como nefastamente se ha aplicado en los hospitales.

Para reafirmar tales objetivos, el artículo 37 del PND otorga al gobierno la facultad de modificar los requisitos que permitan asignar recursos a las universidades públicas. Uno de estos, consiste en la ampliación de cobertura en las instalaciones de las universidades, es decir, ofrecer el máximo de cupos a estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Como si se tratara de una estrategia de exterminio, se somete a las universidades^[11] a ofrecer educación superior en condiciones mínimas, apenas sosteniendo las demandas más urgentes y primarias, que en momentos alcanzan a ser vulneradas. Como fórmula paliativa frente a los efectos de estas medidas; se presenta el artículo 39, normalización de pasivos pensionales, siguiendo la propuesta de una legislación que orienten lo procesos de enajenación y secularización de la universidad pública como cuerpo íntegro y autónomo de aceptar flemáticamente los artículos 34 y 38 el PND.

Como medida curricular, que bien podría justificar estas determinaciones de orden económico; el Artículo 6 del PND establece el enfoque de formación por competencias, en pos de estructurar una educación destinada a un futuro laboral netamente empresarial, a través de la imposición de estándares de competencias que trascienden los modelos curriculares, autonomías institucionales, procurando un modelo para pensar la educación, las libertades institucionales, el acceso al conocimiento, y el aval parar profundizar sobre el mismo, modelo que frisa con la intención de pretenderse hegemónico; ello, sin haber mencionado la implantación de ECAES y el impuesto a egresados que una vez más demuestra el afán gubernamental por recargar sus responsabilidades económicas al seno mismo del que fuese su beneficiario.

Ante esta situación los estudiantes dijimos No mediante medidas de hecho, como lo fueron los campamentos, bloqueos y tomas de colegios públicos por estudiantes y padres de familia con el fin de crear espacios para la discusión y lectura de la problemática negada, silenciada e invisibilizada con la normalidad académica de fines de Abril y principios de Mayo; dicha organización se visualizó en la afluencia de personas durante la marcha del 10 de Mayo, una fuerte medida de presión para el gobierno, que le obligo a reunirse con los rectores de cinco universidades nacionales (Nacional, Tecnológica del Chocó, del Cauca, Caldas y Córdoba), dando como resultado que el gobierno asumiría un porcentaje mayor al 95% del pasivo pensional^[12], en consecuencia, el rector de la Universidad Nacional explicó a El Tiempo que el pasivo pensional asciende a 3 billones de pesos, de los cuales este centro educativo pagaría el 3% que corresponde a 90.000 millones de pesos^[13].

Esta medida aunque aparentemente es positiva y conciliadora, en el fondo sigue dejando la misma problemática; en el caso de nuestra universidad, en donde el escándalo financiero presentado desde Agosto de 2005 demuestra que la misma se encuentra en déficit, a pesar de ello, no se ha realizado un dictamen oficial por parte de la Contaduría General de la Nación acerca del informe presentado y manipulado por el administrativo de la universidad; esto, induce claramente a pensar que las finanzas de la universidad no están dispuestas a recibir un golpe de tal magnitud, ya que se vería abocada a la ley de quiebras, la misma que operó sobre la Universidad del Atlántico.

Por ello, las marchas siguieron así como el campamento, el cual sirvió para soportar de manera más contundente la asamblea Permanente y el bloqueo, que bien podría entenderse como el símbolo más representativo a lo largo de la movilización, ya que da fe de entrega total de todas las actividades cotidianas a un asunto que compromete, no sólo el futuro universitario, sino el de toda la estructura educativa colombiana en pos de la consolidación de la privatización como única forma de entender la institucionalidad nacional. El campamento fue garante de una asamblea en todo el sentido de la palabra permanente, se manifestó como apuesta política que llegó a conmover los rígidos y arbitrarios designios administrativos (por supuesto, para nada violentos) y dio fe de la capacidad del cuerpo estudiantil de organizarse pacíficamente, como lo han reconocido los estamentos laboral y docente de la universidad.

---

[1] MARTINES, BOTERO. Juan TLC para educación superior: hacia la imposición del dogma neoliberal. En: http://www.recalca.org.co/AAtlccolombia/imposicion_edusuperior_oct06.htm, Consultado En: 26 de Mayo de 2007.

[2] Ver página www.omc.org

[3] Ver: TEJADA, Carolina. La universidad un campo de saber no de batalla. Publicado en Revista Brecha, Conflicto y Derechos Humanos. No 2 Marzo de 2007. Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

[4] PREAL. Quedándonos atrás, un informe del progreso educativo en América Latina. Informe sobre la comisión internacional sobre Educación, equidad y competitividad económica en América Latina y el Caribe. Diciembre de 2001.

[5] Uno de los integrantes para el caso colombiano es Rudolf Hommes.

[6] Durante la tercera semana de paro el presidente Uribe realizo uno de los acostumbrados consejos comunales en la sede de la UNAL a distancia, exaltando sus beneficios en cobertura, inserción al mercado educativo laboral mundial, reducción de costos y aumento de la autofinanciación. En coincidencia es lo que se ha pedido a la universidad pública.

[7] Retomamos los argumentos del profesor Leopoldo Múnera, profesor de derecho de la Universidad Nacional sede Bogotá.

[8] Pero el cual desde la emisión de la Ley 30 no se responsabiliza unívocamente, pues aclara que la familia y la sociedad son también responsables de la educación superior de sus integrantes.

[9] VALENCIA, Reina Lucía. El comienzo del fin de la universidad pública. En: Semanario Virtual Caja de Herramientas, Consultado 8 de junio de 2007 en: http://209.85.165.104/search?q=cache:NWFw8VxqBo0J:www.vivalaciudadania.org/cajavirtual/svc0062/download.php%3Farchivo%3Darticulo02+Federacion+de+Estudiantes+Universitarios&hl=es&ct=clnk&cd=8&gl=co

[10] BORJA, Wilson. El Plan Nacional de Desarrollo acaba con la educación pública, No hay negociación. En Boletín Cámara de Representantes.

[11] Que ya cuentan con altos niveles de hacinamiento; en condiciones y con recursos insuficientes para satisfacer tal demanda, hecho que se descara con mayor fuerza en las instalaciones de la Macarena (Universidad Distrital), y con menor urgencia, pero igual indiferencia, en las sedes central de la Universidad Distrital y Chapinero de la Universidad Pedagógica Nacional).

[12] VALENCIA, Reina Lucia. Op. Cit.

[13] Ibíd., Pág. 1

Este es un fragmento del artículo Acerca del Movimiento Estudiantil en la UPN, partícipe de la tercera publicación de la Revista de Estudiantes Tercer Piso, que refiere el movimiento de Mayo, a propósito de la actual situación de la Universidad Pública en Colombia. Como botón de muestra, nuestra Pedagógica, canceladas sus actividades durante dos semanas por injusta reclamación de sus estudiantes a causa de las condiciones mínimas en enfermería para ejercer el tan maltratado derecho a la educación (tres derechos vulnerados en un soocomunicado, salud, educación y protesta, ¡Vaya carambola señoras "directivas"!).

Por: Francys Cárdenas Ferrrucho (VIII Semestre LEBECS), Nancy Patricia Colmenares (VII Semestre LEBECS), Diana Lucía Penagos (Semestre IV LEBECS) Integrantes de la revista Tercer Piso.