MILITARISMO E INTERVENCIÓN

MILITARISMO E INTERVENCIÓN:
La guerra de la diplomacia y la diplomacia como guerra

Por: Byron Ospina Florido; Jhon Jairo Mora Murcia; Víctor Angel Sastoque Espinosa

La abierta intervención militar por parte del ejército colombiano a territorio ecuatoriano; las voces de rechazo de los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Brasil, entre otros países, así como la ingerencia norteamericana en el operativo militar y el papel de organismos supranacionales en la “diplomática” solución del conflicto, ponen en discusión y entre dicho el proceso de integración latinoamericano. De esta manera, el conflicto Colombo-ecuatoriano evidencia los intereses entorno a la región: La integración latinoamericana vs. Hegemonía estadounidense.

Tras la violación de la soberanía como consecuencia de las políticas intervencionistas estadounidenses adoptadas por Colombia, y la promulgación de las resoluciones de la OEA y de la cumbre del grupo de Río es posible afirmar que la tendencia latinoamericana gira en torno a un proceso de unificación conflictiva, a través de los preceptos del proyecto recolonizador de estados unidos por medio de la militarización en cabeza de Colombia por un lado; y la cooperación, la solidaridad y la soberanía nacional, por otro. Ambos proyectos comparten un eje articulador: La carrera armamentista.

Si bien las declaraciones rechazan cualquier posibilidad de intervención abierta o encubierta en los asuntos de un estado por otro, y asumen los postulados de la soberanía de los estados dejan abierta la posibilidad de la construcción de mecanismos de defensa de la seguridad nacional bajo el tutelaje de las políticas de los estados unidos promulgadas en la carta democrática de la OEA. De acuerdo a lo anterior lo que se provee es un condicionamiento a los estados en la lucha contra lo que han ellos han dado en llamar “organizaciones terroristas” –léase FARC-EP-, consolidando de facto el proceso de regionalización del conflicto interno colombiano.

De igual manera, se concreta la doctrina de la guerra preventiva(1) al asumir la responsabilidad compartida en la lucha contra el terrorismo y la posibilidad de su avance regional.

Entonces, claramente se puede presentar un proceso de confrontación de fuerzas, tanto en el ámbito político, económico como en lo militar. Precisamente este último fue puesto sobre la mesa de las relaciones bilaterales y multilaterales de la OEA con relación al proyecto colombo-estadounidense de cooperación militar regional, proyecto visiblemente enmarcado dentro de la geoestrategia del Plan Colombia; y desde el cual se pretende contrarrestar -por medio del discurso de la lucha contra terrorismo internacional y del consecuente derecho de legitima defensa (2)- el proceso bolivariano de integración como el creciente auge de gobiernos “progresistas” en Latinoamérica.

Desde esta perspectiva, los movimientos sociales e insurgentes como los gobiernos de izquierda con tintes nacionalistas o “populistas”, como son denominados despectivamente los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa,… se vuelven inmediatamente objetivos militares; más aun cuando del supuesto computador de Raúl Reyes salen las más “comprometedoras relaciones de políticos con el terrorismo”.

Consecuentemente, el incremento en los gastos en seguridad y defensa de los países suramericanos, en los últimos 8 años, presenta un escenario conflictivo donde la “guerra asimétrica” proyectada desde el Norte se materializa en la intervención de Colombia frente a Ecuador, es decir, una intromisión militar aérea y terrestre en un país cuantitativamente inferior en materia militar, de ahí la iniciativa de Venezuela y otros países de modernizar la defensa nacional como principal elemento para la autodeterminación y protección de la soberanía. Se antepone lo militar sobre la diplomacia, evidentemente ausente de políticas sansionatorias, tal como se vio con la resolución de la OEA frente a Colombia: “Tomamos nota, con satisfacción, de las plenas disculpas que el presidente Álvaro Uribe ofreció al Gobierno y al pueblo del Ecuador, por la violación del territorio y la soberanía de esta hermana nación, el primero de marzo de 2008 por parte de la fuerza pública Colombiana”

Ahora bien, es evidente que para Colombia la diplomacia ejercida por la OEA solo busca apaciguar ánimos caldeados entre los países implicados, pero al solo rechazar la acción guerrerista de Colombia y no condenarla categóricamente da pie para, tal como lo afirman los presidentes Chávez y Correa “Colombia se convierta en el Israel latinoamericano. Todo lo anterior se confirma cuando el 2 de abril en la plenaria de la cámara de representantes el ministro de defensa reiteró que lo acontecido el 1 de marzo fue un “acto legítimo de guerra”; todo esto hace prever que para Colombia lo que determine las resoluciones de la OEA o la cumbre de Río son solo formalismos, los cuales se pueden transgredir y negar abiertamente frente a la opinión publica nacional e internacional. En este sentido, tal como lo advierte Germán Reyes, senador del polo, estamos ante una política guerrerista que vulnera la soberanía de los países vecinos, viola el derecho internacional humanitario (3) y busca generar propaganda electoral para procurar la reelección.

De otra parte, la cumbre de Río sirvió como antesala para la promulgación de una posible integración latinoamericana desde perspectivas solidarias y de fortalecimiento de un bloque de poder económico, político y militar que confronte al imperialismo gringo. Empero, la dificultad en un futuro inmediato radica fundamentalmente en la puesta en común de intereses compartidos, por un lado; por otro, el planteamiento de una solución política –y no solo diplomática- al conflicto regional implica necesariamente un cambio en la orientación político-militar del estado colombiano y su alineación incondicional con el gobierno de estados unidos. De igual manera, es necesaria la articulación no sólo de los estados latinoamericanos, sino la vinculación directa y efectiva de las organizaciones sociales, revolucionarias, de derechos humanos, etc.,que presione los gobiernos alineados con los gringos, así como las oligarquías funcionales al proyecto recolonizador.

En este sentido, debe transformarse radicalmente la política guerrerista sobre las organizaciones revolucionarias, tal como son definidas por las resoluciones de la OEA y de la cumbre de Río (4). Si esto no ocurre y continúa la arremetida militar por parte de Colombia, cuya estrategia implica la eliminación de las guerrillas o el desplazamiento hacia las fronteras, en una clara provocación a los estados fronterizos de Ecuador, Brasil y Venezuela, que además permita justificar cualquier intervención militar invocando el derecho a la legitima defensa nacional, estaremos involucrados, en un futuro inmediato, en una guerra abierta de carácter regional, que le sirva a los intereses de los gringos.

Por último, el informe de ministros de relaciones exteriores asume la situación fronteriza colombo-ecuatoriana como “compleja y difícil en relación a aspectos geográficos, de control territorial, de comunicaciones, situación económica y social, entre otros”; de igual manera propone “intensificación de las relaciones entre las entidades empresariales de ambos países con el propósito de identificar medidas para aumentar el comercio bilateral y, en particular, el comercio fronterizo”. De lo anterior se puede deducir la necesidad de generar mecanismos de modernización que apunten a desarrollar la región, garantizando la inversión de capital –privado- acorde con las necesidades del mercado (5). Para tal efecto, es necesaria la recuperación militar y social de territorio. Se conjuga la política perversa de la guerra, inversión extranjera, modernización y libre mercado. El plan Colombia es, en todo caso, el mecanismo por el cual se imponen las medidas económicas, y se presionan los estados hacia lógicas librecambistas, que apuntalen en un futuro inmediato, el Área de Libre Comercio para las Américas –ALCA-.

(1) El apartado 8 de la declaración de la cumbre del grupo de Río ratifica el “compromiso de combatir las amenazas de la seguridad de todos sus estados, provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales. En particular aquellas vinculadas al narcotráfico”. Además, afirma que Colombia considera a dichas organizaciones como terroristas. No menos importante es la declaración de estados unidos frente al apartado 4º de la resolución de la XXV reunión de ministros de relaciones exteriores, Al afirmar que cualquier acto como el del 1 de marzo “no afecta el derecho de legitima defensa”.

(2) Es el mismo argumento presentado por los Estados Unidos ante la ONU, después de los sucesos del 11 de Septiembre del 2001 para argumentar la invasión a Afganistán e Irak.

(3) Se viola el derecho internacional humanitario por parte del ejercito colombiano cuando fueron abandonadas heridas 3 supuestas combatientes delas FARC en el sitio de la masacre el 1 de marzo.

(4) Las resoluciones de la OEA y de la cumbre de Río afirman, de manera soterrada y ambigua, que las organizaciones revolucionarias, al tener nexos con el narcotráfico, atentan contra la seguridad nacional de los países de la región.

(5) Si tomamos en cuenta el patrón de inversiones dentro de las políticas públicas de Colombia, se puede evidenciar que la propuesta está encaminada a apuntalar la intervención de capital multinacional y la apropiación de los recursos de la región.