La sociedad única –y unidimensional, diría Marcuse- que se extiende hasta donde llega el mercado, y el pensamiento único que expresa el fin de las culturas y de la diversidad en general, son signo de un vaciamiento de sentidos históricos que borra los referentes colectivos reales para imponer ficciones con apariencia de realidad. La pérdida de la memoria histórica es la derrota de los pueblos. Un pueblo sin memoria no existe; un individuo sin colectivo se dessujetiza; una planta reducida a sus componentes aislados es desprovista de su carácter orgánico y muere.
Ana Esther Ceceña, 2004
La oligarquía nacional viene preparando, durante los dos últimos periodos de gobierno, la orgia de la muerte y la fiesta del despojo, de la acumulación originaria de capital y la exclusión sistemática a la que ha sometido durante doscientos años a la población campesina, indígena, afrocolombiana, obrera, y todos aquellos que entran en contradicción con sus intereses económicos y políticos, a través de lo que han dado en llamar “la celebración del bicentenario de la democracia y vida republicana de la nación”; es decir, buscan someter a los designios de la todopoderosa industria del capital a la población mediante el uso indiscriminado y deformado de la historia de la revolución Bolivariana de 1810 - 1819.
De esta forma, uno de los mecanismos a través de los cuales se propende por la consolidación de la dominación y del control absolutista es la creación del “museo de la memoria”, espacio en el cual convergirán las distintas “victimas” de la eufemísticamente denominada “violencia socio-política” que se ha enquistado en las estructuras de la sociedad colombiana por más de cuarenta años, en el cual se exhibirán desde los victimarios hasta las victimas, en una clara y pensada estrategia de deformación de la historia de las causas estructurales de la guerra en el país y del terrorismo de Estado como motor de la industria de la muerte y la paz de las fosas comunes. En este sentido, la creación de toda una memoria colectiva a través de la movilización de imaginarios desde los intereses de las clases dominantes se convierte en fundamental y estratégicamente de primer orden en términos políticos, porque “las practicas sociales que se van engendrando en la conciencia colectiva para el dominio del tiempo como memoria y como historia son fundamentales en términos políticos, ya que se crean referentes temporales que se van arraigando en los imaginarios colectivos de las poblaciones e implican la aceptación de estos como verdad y como consecuencia lógica del mantenimiento del orden y la seguridad (democrática)” (H. Cárdenas M, 2005. El subrayado es nuestro). Es, entonces, la aceptación de las estructuras de dominación y explotación. Así:
1. La violencia del país se fundamenta, desde arriba, como la consecuencia implícita de odios heredados propios de la violencia de la década del cuarenta, cuya resolución de dichas estructuras “psicológicas” se enfrentan entre sí y buscan imponerse a medida que se elimina el “otro”, la contraparte. De igual, manera, el Estado se presenta ante sí y ante la sociedad colombiana como un ser supremo, como la exaltación máxima de la benevolencia, donde se erige el fundamento del orden y el castigo, según sus propios designios. Es, según la confirmación de las estructuras en las cuales sostiene su atrio, “una madre” cuyas tetas son de leche y de sangre de acuerdo a las circunstancias que se cree así mismo. Entonces, la historia del despojo, de la barbarie, de la dominación, del terrorismo de Estado se convierte en historia beneplácita que proyecta civilización y conlleva a que los hombres salgan de su estado “primitivo”.
Esa estructura del Estado como ser supremo obedece a la salvedad que éste necesita hacerse así mismo como motor de la violencia, para condicionar la materialización de espacios de recreación de la “violencia socio – política” del país, que le permita recrear un simulacro de VERDAD, RECONCILIACIÓN, PAZ, ETC., negando la condiciones a través de la cual se ha desarrollado la guerra de exterminio contra comunidades enteras; cómo esas condiciones han devenido en procesos de acumulación tanto de capital como de miseria.
2. La negación de las causas estructurales de la guerra y la negación de ésta como política de Estado, con la consecuente implicación y culpación hacia las comunidades como responsables de la “tragedia que desangra a la patria” implica la negación, falsificación y criminalización de los procesos de resistencia y de lucha que históricamente han librado las comunidades contra la imposición violenta del capital, contra la esclavización del hombre por el hombre y por la apuesta de procesos autónomos y soberanos, desde las propias lógicas culturales, sociales, económicas, cosmológicas y cosmogónicas y políticas, etc., de estas.
De esta manera, los monumentos se convierten en historias narradas desde arriba que poseen un valor legal y determinan la verdad de lo que se puede decir y lo que no, negando la existencia misma de los procesos históricos de las comunidades. Su historia no existe en la medida en que las condiciones reales de su existencia desaparecen del contexto. Niega, entonces, las condiciones de vida de las comunidades al materializar y reproducir las condiciones de dominación y de explotación.
3. La inversión de capital en proyectos pedagógicos y políticos desde las clases dominantes, así como la tecnificación de la lucha de clases a través de mecanismos como el museo de la memoria, implican la construcción de la “verdad” avalada por la empresa civilizatoria de la supuesta neutralidad objetiva y científicamente comprobada realidad, fijada en los textos de los académicos y lumpen – intelectuales de la oligarquía nacional e imperialista. Dicha construcción de la verdad oficial prospera amparada en el fuego de las balas asesinas que a diario masacra miles de colombianos, puestos en circulación como mercancías fetiche por los medios de comunicación, alegando la necesidad de mecanismos y acciones violentas y la brutalidad de la guerra agenciada por el Estado como factor fundamental para la consecución de la paz, la reconciliación y la refundación de la patria, objetivo de la celebración del “Bicentenario”. Dichos esclavos del poder, enajenados de su condición humana y alienados al poder del capital, se convierten en cómplices del verdugo y en legitimadores de la muerte; masacran la vida en las crónicas rojas del rating y hablan de la vida como “posibilidad” siempre y cuando nos acojamos a los mandatos y designios de la puta universal –el dinero- sin mencionar palabra alguna. Es el principio de la exclusión - incluyente e inclusión - excluyente.
4. Someterse a los designios impuestos por la oligarquía implica la negación de los procesos de lucha y reivindicación de los derechos de las comunidades, y conlleva a aceptar implícitamente la violencia como manifestación de odios heredados resolubles por la vía de la acción depredadora del hombre por el hombre. De igual manera, ello implica aceptar a toda fuerza y contra el análisis concreto de la realidad, la guerra como política de Estado, como práctica fundamental en los procesos de acumulación de capital, asegurados bajo la normatividad y la jurisprudencia del derecho burgués de la propiedad privada y de la competencia indiscriminada, cuyas apariencias de resolución de contradicciones se solventa en una idea superior de justicia (idea Hegeliana del ser supremo); muestra, de igual forma, la historia de las relaciones sociales como un proceso natural de la evolución del mundo, enmascarando la lucha de clases y la explotación de la fuerza de trabajo vivo del hombre como fundamento de la existencia del capitalismo.
5. La oposición simple y llana y determinista que se hace entre guerra y paz no es más que la estrategia de paz armada, la paz de la bota militar, la paz de los cañones que amenazan con dispararse contra el que contradiga el interés del lucro y la circulación libre del capital y la constante elevación de la tasa de ganancia. Como afirma H. Cárdenas M., “oponerse a la guerra sin oponerse al modelo económico de acumulación de capital es una contradicción política que cuesta el porvenir” (H. Cárdenas M, 2005). Sin embargo iremos más lejos, es toda una demagogia que encubre los intereses mezquinos de los que a sangre y fuego han expropiado a los dueños originarios de los medios de producción y reproducción de su propia existencia, y los han enajenado de sus propias condiciones de producción, “de la propiedad de las condiciones de su trabajo”, parafraseando a Marx.
6. Avanzar hacia una sociedad socialista implica no solamente la transformación de la estructura (social, política, económica e institucional) sobre la cual se asienta la base del actual régimen de acumulación, ni solamente se puede pensar en procesos de cambio tomando como marco de referencia la concienciación y la subjetivación de las problemáticas y la substancia de la ideología – política de la sociedad socialista, si no se transforma radicalmente la maquinaria y la estructura de la producción del conocimiento y del saber, característica fundamental de la estructura de dominación y de la pérdida, de los hombres, de su propio destino, el de ser hombre, “y se ha convertido en un ser que no se posee a sí mismo, ha sido alienado”(Marx, Grundrisse).
miércoles, 29 de octubre de 2008
sábado, 18 de octubre de 2008
CRIMINALIZAR LA PROTESTA Y EL INCONFORMISMO
Frank Molano Camargo
Docente de la Licenciatura en educación básica con énfasis en Ciencias Sociales, Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”
Una nueva campaña de ruido y miedo se ha puesto en marcha contra la Universidad Pública. El miércoles 9 de septiembre la Senadora del Partido de la “U”, Gina Parody dio a conocer, a través de los grandes medios de comunicación, una serie de videos (alrededor de 31 y colgados en You Tube, según el periódico El Tiempo). que se convierten en la más clara prueba, en el archivo y pieza clave que demuestra que la universidad pública no debe existir. Que la libertad y la democracia no son compatibles con la seguridad. Tanto la senadora como los noticieros se encargaron de señalar que la guerrilla se está tomando la Universidad Distrital “sin que nadie tome medidas para evitar que esto se lleve a cabo" (El Tiempo, 9 de septiembre, versión electrónica), insinuando que las directivas encabezadas por el rector de la Universidad Distrital Doctor Carlos Ossa Escobar, son complacientes con tan “amenazante situación”.
Es evidente que la derecha colombiana, empotrada en la dirección del Estado está interesada en soslayar las causas que originan la conflictividad, los movimientos sociales y la protesta social. Esto está ocurriendo con el tratamiento que el Estado y los grandes medios de comunicación hacen de las protestas realizadas por el movimiento indígena, el movimiento sindical, el movimiento campesino, las comunidades desplazadas y por su puesto el movimiento universitario.
La lógica que acompaña esta tendencia es la criminalización, como patologización de los comportamientos disidentes existentes en un sociedad, la apelación al tratamiento de indeseables y la justificación de las medidas de terrorismo estatales y paraestatales para frenar la inconformidad. La criminalización se genera en medio de campañas de opinión pública con los que se estigmatiza a los sujetos que se quiere reprimir. Este discurso de la criminalización se evidencia en eventos como los falsos positivos en los que aparecen campesinos asesinados por la “fuerza pública” uniformados, después de muertos como guerrilleros; los mensajes de la propaganda gubernamental para señalar a los indígenas y campesinos como “criminales y terroristas” por cultivar la “mata que mata” la coca, desconociendo que estas comunidades ante la negativa de reforma agraria, se han visto obligados a cultivas la coca, o lo hacen con fines medicinales y rituales milenarios; en los señalamientos del vicepresidente Santos que insinúa, ante el fallo que encontró responsable al ejército colombiano por el asesinato de tres dirigentes sindicales en Arauca, que es legítimo matar colombianos, si se tiene indicios de sus relaciones con la insurgencia; la persecución racista-derechista contra todo acto y palabra de Piedad Córdoba, por ejemplo el uso de los conceptos de Subversión y Rebeldía del fallecido sociólogo Orlando Fals Borda; aún más, del aberrante espectáculo del ESMAD agrediendo desplazados, por el hecho de ocupar y protestar pacíficamente uno de los íconos de la elite capitalina: el parque de la 93. Patéticamente mientras los medios mostraban la brutalidad policial decían que estaban protegiendo a los niños de los abusos de sus desalmados padres.
En Bogotá y en la Universidad Pública, todo indica que el régimen quiere controlar y disciplinar espacios que no considera suficientemente seguros, desconfiando de las alcaldías no totalmente uribizadas y de las administraciones universitarias independientes. Estamos pasando de la criminalización a la política de “Securitización”. La securitización es la “inscripción de temas en la agenda de seguridad como consecuencia de la incapacidad o (falta de) voluntad política de abordarlos dentro de los marcos políticos y jurídicos normales ”. Se trata de la ampliación del concepto y la agenda de seguridad a aspectos que deben ser abordados en el ámbito de lo político, económico, social y ambiental. Está demostrado que el auge de las políticas de “securitización” no resuelve los conflictos sociales, sino que los aumenta al promover como contrapartida la proscripción de posibilidad de disentir, impider el acceso de las personas al goce de sus derechos civiles y políticos, así como, a los derechos sociales económicos y culturales.
En el caso de la Universidad Pública, es claro el proyecto hegemónico: criminalizar, securitizar y mercantilizar. La alarma generada por la senadora uribista Gina Parody y por los grandes medios masivos de intoxicación, hace parte de una campaña orquestada para dar al traste con la idea de autonomía universitaria, pieza clave de un Estado de Derecho. El mensaje es claro, a la problemática de la Universidad Pública, en este caso a la Universidad Distrital se le debe dar un tratamiento exclusivamente policial.
Ya en otro documento analicé como el modelo que busca reemplazar la universidad pública está siendo impulsado por dos fuerzas complementarias: el mercado y la “seguridad democrática”. Y como este modelo se articula desde tres dispositivos de desmonte de la universidad pública que operan como instrumentos y lógicas de ordenamiento y producción de una manera distinta de ser y hacer en la universidad. Tales dispositivos son:
- Criminalización: tratamiento del universitario disidente como enemigo interno, como “otro” peligroso
La disidencia se entiende como infiltración externa “que provoca en el organismo social un tumor, un cáncer, que debe ser extirpado, es decir, eliminado, suprimido, aniquilado” [7]. Se asume como campo enemigo el espacio universitario y como enemigos internos a los universitarios.
- Despolitización: espacios y tiempos universitarios gestionados “eficiente” y tecnocráticamente
Con la transferencia de las lógicas de la universidad privada a la dinámica de lo público, con el argumento de que la tarea básica y única del sistema universitario es aportar a la formación de recursos profesionales que incidan en el desarrollo económico nacional.
La despolitización del espacio universitario y su reemplazo por la eficiencia, reduce la relación social del estudiar al esencialismo instrumental de recibir clase. Por eso se perciben como contrarias a la universidad las posturas críticas, los murales, las asambleas, las marchas.
- Mercantilización: el sistema universitario se convierte en un servicio comercializable
Un primer elemento de la mercantilización es la reorientación de la financiación del sistema público universitario, la “Visión 2019” de Uribe Vélez afirma que la universidad pública es “financiada atendiendo a criterios históricos, que son insensibles al desempeño de las instituciones, a su grado de eficiencia, a la pertinencia de sus programas, a los resultados de la acreditación o a cualquier otro factor que pudiera inducir a las universidades a mejorar su desempeño. Este financiamiento inercial (con un aumento automático del gasto de año a año, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 30 de 1992) hace que el estado entregue recursos pero no tenga control sobre ellos” [9]. Esto es justificado con el argumento que el sistema de financiación favorece la inequidad: los estratos altos van a las instituciones oficiales y los bajos a las instituciones privadas.
Un segundo elemento de la mercantilización es la creación de un mercado educativo que atienda a las necesidades del empresariado (los grupos monopólicos criollos y multinacionales). La educación superior debe ofrecer programas “como respuesta directa a las necesidades del sector productivo”, estructurando los currículos por competencias en los programas técnicos y tecnológicos.
A estos tres dispositivos, se le debe sumar la política de “Securitización”, en el sentido planteado con anterioridad.
Ante esta arremetida, volvemos a insistir junto al movimiento social por la defensa de la universidad pública, que el reto es la defensa de la existencia de la universidad como espacio social construido como público, democrático, laico, pluralista, abierto al pensamiento universal y a los otros saberes, una universidad que propugne por nuevos modelos en la gestión, la academia, la investigación, la relación con la sociedad y el mundo, como postura capaz de confrontar la mercantilización y con la exigencia al estado y a las directivas universitarias del respeto a la vida, a la libertad de pensamiento y a la libertad de organización y movilización.
Septiembre de 2008
(1) C Diego Cardona, Ivonne Duarte P. y Nathaly Jiménez: La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en la administración Bush: una lectura desde América Latina, CEPI-Universidad del Rosario, Agosto de 2004, p.15.
(2) Frank Molano y Rigoberto Rueda, Dispositivos de desmonte de la universidad pública. A propósito de los informes de “riesgo” de la Defensoría y del Ministerio del Interior y Justicia sobre las universidades públicas de Bogotá. Marzo de 2007.
Docente de la Licenciatura en educación básica con énfasis en Ciencias Sociales, Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”
Una nueva campaña de ruido y miedo se ha puesto en marcha contra la Universidad Pública. El miércoles 9 de septiembre la Senadora del Partido de la “U”, Gina Parody dio a conocer, a través de los grandes medios de comunicación, una serie de videos (alrededor de 31 y colgados en You Tube, según el periódico El Tiempo). que se convierten en la más clara prueba, en el archivo y pieza clave que demuestra que la universidad pública no debe existir. Que la libertad y la democracia no son compatibles con la seguridad. Tanto la senadora como los noticieros se encargaron de señalar que la guerrilla se está tomando la Universidad Distrital “sin que nadie tome medidas para evitar que esto se lleve a cabo" (El Tiempo, 9 de septiembre, versión electrónica), insinuando que las directivas encabezadas por el rector de la Universidad Distrital Doctor Carlos Ossa Escobar, son complacientes con tan “amenazante situación”.
Es evidente que la derecha colombiana, empotrada en la dirección del Estado está interesada en soslayar las causas que originan la conflictividad, los movimientos sociales y la protesta social. Esto está ocurriendo con el tratamiento que el Estado y los grandes medios de comunicación hacen de las protestas realizadas por el movimiento indígena, el movimiento sindical, el movimiento campesino, las comunidades desplazadas y por su puesto el movimiento universitario.
La lógica que acompaña esta tendencia es la criminalización, como patologización de los comportamientos disidentes existentes en un sociedad, la apelación al tratamiento de indeseables y la justificación de las medidas de terrorismo estatales y paraestatales para frenar la inconformidad. La criminalización se genera en medio de campañas de opinión pública con los que se estigmatiza a los sujetos que se quiere reprimir. Este discurso de la criminalización se evidencia en eventos como los falsos positivos en los que aparecen campesinos asesinados por la “fuerza pública” uniformados, después de muertos como guerrilleros; los mensajes de la propaganda gubernamental para señalar a los indígenas y campesinos como “criminales y terroristas” por cultivar la “mata que mata” la coca, desconociendo que estas comunidades ante la negativa de reforma agraria, se han visto obligados a cultivas la coca, o lo hacen con fines medicinales y rituales milenarios; en los señalamientos del vicepresidente Santos que insinúa, ante el fallo que encontró responsable al ejército colombiano por el asesinato de tres dirigentes sindicales en Arauca, que es legítimo matar colombianos, si se tiene indicios de sus relaciones con la insurgencia; la persecución racista-derechista contra todo acto y palabra de Piedad Córdoba, por ejemplo el uso de los conceptos de Subversión y Rebeldía del fallecido sociólogo Orlando Fals Borda; aún más, del aberrante espectáculo del ESMAD agrediendo desplazados, por el hecho de ocupar y protestar pacíficamente uno de los íconos de la elite capitalina: el parque de la 93. Patéticamente mientras los medios mostraban la brutalidad policial decían que estaban protegiendo a los niños de los abusos de sus desalmados padres.
En Bogotá y en la Universidad Pública, todo indica que el régimen quiere controlar y disciplinar espacios que no considera suficientemente seguros, desconfiando de las alcaldías no totalmente uribizadas y de las administraciones universitarias independientes. Estamos pasando de la criminalización a la política de “Securitización”. La securitización es la “inscripción de temas en la agenda de seguridad como consecuencia de la incapacidad o (falta de) voluntad política de abordarlos dentro de los marcos políticos y jurídicos normales ”. Se trata de la ampliación del concepto y la agenda de seguridad a aspectos que deben ser abordados en el ámbito de lo político, económico, social y ambiental. Está demostrado que el auge de las políticas de “securitización” no resuelve los conflictos sociales, sino que los aumenta al promover como contrapartida la proscripción de posibilidad de disentir, impider el acceso de las personas al goce de sus derechos civiles y políticos, así como, a los derechos sociales económicos y culturales.
En el caso de la Universidad Pública, es claro el proyecto hegemónico: criminalizar, securitizar y mercantilizar. La alarma generada por la senadora uribista Gina Parody y por los grandes medios masivos de intoxicación, hace parte de una campaña orquestada para dar al traste con la idea de autonomía universitaria, pieza clave de un Estado de Derecho. El mensaje es claro, a la problemática de la Universidad Pública, en este caso a la Universidad Distrital se le debe dar un tratamiento exclusivamente policial.
Ya en otro documento analicé como el modelo que busca reemplazar la universidad pública está siendo impulsado por dos fuerzas complementarias: el mercado y la “seguridad democrática”. Y como este modelo se articula desde tres dispositivos de desmonte de la universidad pública que operan como instrumentos y lógicas de ordenamiento y producción de una manera distinta de ser y hacer en la universidad. Tales dispositivos son:
- Criminalización: tratamiento del universitario disidente como enemigo interno, como “otro” peligroso
La disidencia se entiende como infiltración externa “que provoca en el organismo social un tumor, un cáncer, que debe ser extirpado, es decir, eliminado, suprimido, aniquilado” [7]. Se asume como campo enemigo el espacio universitario y como enemigos internos a los universitarios.
- Despolitización: espacios y tiempos universitarios gestionados “eficiente” y tecnocráticamente
Con la transferencia de las lógicas de la universidad privada a la dinámica de lo público, con el argumento de que la tarea básica y única del sistema universitario es aportar a la formación de recursos profesionales que incidan en el desarrollo económico nacional.
La despolitización del espacio universitario y su reemplazo por la eficiencia, reduce la relación social del estudiar al esencialismo instrumental de recibir clase. Por eso se perciben como contrarias a la universidad las posturas críticas, los murales, las asambleas, las marchas.
- Mercantilización: el sistema universitario se convierte en un servicio comercializable
Un primer elemento de la mercantilización es la reorientación de la financiación del sistema público universitario, la “Visión 2019” de Uribe Vélez afirma que la universidad pública es “financiada atendiendo a criterios históricos, que son insensibles al desempeño de las instituciones, a su grado de eficiencia, a la pertinencia de sus programas, a los resultados de la acreditación o a cualquier otro factor que pudiera inducir a las universidades a mejorar su desempeño. Este financiamiento inercial (con un aumento automático del gasto de año a año, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 30 de 1992) hace que el estado entregue recursos pero no tenga control sobre ellos” [9]. Esto es justificado con el argumento que el sistema de financiación favorece la inequidad: los estratos altos van a las instituciones oficiales y los bajos a las instituciones privadas.
Un segundo elemento de la mercantilización es la creación de un mercado educativo que atienda a las necesidades del empresariado (los grupos monopólicos criollos y multinacionales). La educación superior debe ofrecer programas “como respuesta directa a las necesidades del sector productivo”, estructurando los currículos por competencias en los programas técnicos y tecnológicos.
A estos tres dispositivos, se le debe sumar la política de “Securitización”, en el sentido planteado con anterioridad.
Ante esta arremetida, volvemos a insistir junto al movimiento social por la defensa de la universidad pública, que el reto es la defensa de la existencia de la universidad como espacio social construido como público, democrático, laico, pluralista, abierto al pensamiento universal y a los otros saberes, una universidad que propugne por nuevos modelos en la gestión, la academia, la investigación, la relación con la sociedad y el mundo, como postura capaz de confrontar la mercantilización y con la exigencia al estado y a las directivas universitarias del respeto a la vida, a la libertad de pensamiento y a la libertad de organización y movilización.
Septiembre de 2008
(1) C Diego Cardona, Ivonne Duarte P. y Nathaly Jiménez: La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en la administración Bush: una lectura desde América Latina, CEPI-Universidad del Rosario, Agosto de 2004, p.15.
(2) Frank Molano y Rigoberto Rueda, Dispositivos de desmonte de la universidad pública. A propósito de los informes de “riesgo” de la Defensoría y del Ministerio del Interior y Justicia sobre las universidades públicas de Bogotá. Marzo de 2007.
CATEDRA PAULO FREIRE
La Cátedra Paulo Freire de la Universidad Pedagógica Nacional invita a la sesión del próximo lunes 20 de octubre, en la que los temas principales serán la infancia y los movimientos sociales.
Los ponentes encargados de reflexionar y abrir el panorama serán Manfred Liebel, Zandra Pedraza y Cristiano Morsolin. Liebel es coordinador de la Red Europea de Maestrías en Derechos de la Infancia, profesor de la Academia Internacional en la Universidad Libre de Berlín, Alemania y presidente de la red PRONATs, Programa de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores.
En razón a su experiencia en el tema de la infancia, el profesor Liebel abordará el tema: Protagonismo NATs para construir una nueva cultura de infancia y adolescencia.
La cuota colombiana estará a cargo de Zandra Pedraza, doctora en Ciencias de la Educación y Antropología Histórica de la Universidad Libre de Berlín y docente del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, quien presentará el tema: consideraciones histórico-antropológicas sobre trabajo infantil.
Para examinar con más detalle la problemática del trabajo infantil, el italiano Cristiano Morsolin, trabajador social y operador de redes internacionales por la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia, quien trabaja en Latinoamérica desde el año 2001 con experiencias en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil y Venezuela, presentará la nueva publicación, El trabajo de crecer – Diferentes miradas sobre trabajo infantil, explotación, derechos y ciudadanía desde los movimientos sociales en Colombia – Construyendo una nueva cultura del protagonismo de la infancia y adolescencia, auspiciada por TDH-Alemania y BICE-Bruxelles.
El punto de encuentro para los asistentes será el Aula Paulo Freire del Edificio E de Posgrados de la Universidad Pedagógica Nacional (Calle 72 Nº 11-86). La entrada será libre y el evento dará inicio a las 6 p.m.
Los ponentes encargados de reflexionar y abrir el panorama serán Manfred Liebel, Zandra Pedraza y Cristiano Morsolin. Liebel es coordinador de la Red Europea de Maestrías en Derechos de la Infancia, profesor de la Academia Internacional en la Universidad Libre de Berlín, Alemania y presidente de la red PRONATs, Programa de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores.
En razón a su experiencia en el tema de la infancia, el profesor Liebel abordará el tema: Protagonismo NATs para construir una nueva cultura de infancia y adolescencia.
La cuota colombiana estará a cargo de Zandra Pedraza, doctora en Ciencias de la Educación y Antropología Histórica de la Universidad Libre de Berlín y docente del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, quien presentará el tema: consideraciones histórico-antropológicas sobre trabajo infantil.
Para examinar con más detalle la problemática del trabajo infantil, el italiano Cristiano Morsolin, trabajador social y operador de redes internacionales por la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia, quien trabaja en Latinoamérica desde el año 2001 con experiencias en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil y Venezuela, presentará la nueva publicación, El trabajo de crecer – Diferentes miradas sobre trabajo infantil, explotación, derechos y ciudadanía desde los movimientos sociales en Colombia – Construyendo una nueva cultura del protagonismo de la infancia y adolescencia, auspiciada por TDH-Alemania y BICE-Bruxelles.
El punto de encuentro para los asistentes será el Aula Paulo Freire del Edificio E de Posgrados de la Universidad Pedagógica Nacional (Calle 72 Nº 11-86). La entrada será libre y el evento dará inicio a las 6 p.m.
Por esto no hay biblioteca, Denuncias de los contratistas de la UPN
Fecha: martes, 7 octubre, 2008, 7:06 pm
Hasta que nos cansamos de esperar, es inevitable que ese momento llegue. Hoy es 7 de octubre y a los contratistas no nos han pagado. Cuando escribimos esto recordamos los dos mensajes del mes de mayo sobre el mismo tema: le pagan al resto de la Universidad y los contratistas quedan en el olvido, ¿hasta cuándo? Hasta que ya no se puedan alargar más las excusas.
Sí, es que unas veces la demora en el pago ha sido porque no ha habido papel para imprimir la planilla, en otras porque era fin de semana o festivo, esta última vez ha sido porque una de las múltiples personas, de las múltiples oficinas que revisan la planilla no fue y por eso se retrasó todo. Bah! A veces creen que los contratistas no conocemos la situación de la Universidad, por eso siempre juegan con esas excusas, como si realmente explicaran algo, lo único que éstas hacen es generar más molestia, más desanimo. Lo único que muestran esas excusas es la mezquindad de la gestión de la UPN, a quien no le interesan estas personas.
O, es que ¿acaso por ser contratistas no somos personas que tenemos responsabilidades financieras? Al contrario, tenemos las mismas que cualquier otro empleado – de hecho muchos tenemos casi el mismo horario y obligaciones-, pero en algunos casos nos va peor: primero, porque en los primeros 5 días nos toca pagar salud y pensión, si es que no queremos endeudarnos con los nuevos intereses de las EPS; segundo, porque en diciembre nos quedamos sin contrato, a la espera de la que Universidad nos llame nuevamente solicitando nuestros servicios, asunto que para el año siguiente es casi risible, si el presupuesto va a ser como el de éste, muchos de nosotros nos despediremos de la UPN.
Lo que nos duele es que los contratistas y sus acciones estén tan desvalorados en la Universidad. Muchos de nosotros sostenemos sus acciones: desde adentro, colaborando en trámites, gestiones y procesos académicos; desde afuera, en las regiones, trabajando con los maestros, con las instituciones educativas, con las escuelas normales, con las ong´s. Sí, muchos de los contratistas que no le importan nada a la Universidad somos los trabajadores que día a día ponemos la cara por los diferentes procesos que ésta genera, y ¿a alguien le importa?
Sabemos que es un correo emotivo. Sabemos que muchas cosas que quisieramos decir quedan por fuera. No nos importa. Solo queríamos decir algo, nuestro sentir sobre una situación de la que nadie dice nada o de la que muchos contratistas temen hablar, por ser la 'carne de cañón de la Universidad'.
Y eso es lo que más nos duele… que sigamos tan callados, como si en esta institución no pasara nada, quizás este mensaje también quede atrapado en la nada de la UPN pero lo importante es que de nosotros salió ese infinito malestar de dejar pasar las cosas que atentan contra nosotros.
Contratistas UPN
Hasta que nos cansamos de esperar, es inevitable que ese momento llegue. Hoy es 7 de octubre y a los contratistas no nos han pagado. Cuando escribimos esto recordamos los dos mensajes del mes de mayo sobre el mismo tema: le pagan al resto de la Universidad y los contratistas quedan en el olvido, ¿hasta cuándo? Hasta que ya no se puedan alargar más las excusas.
Sí, es que unas veces la demora en el pago ha sido porque no ha habido papel para imprimir la planilla, en otras porque era fin de semana o festivo, esta última vez ha sido porque una de las múltiples personas, de las múltiples oficinas que revisan la planilla no fue y por eso se retrasó todo. Bah! A veces creen que los contratistas no conocemos la situación de la Universidad, por eso siempre juegan con esas excusas, como si realmente explicaran algo, lo único que éstas hacen es generar más molestia, más desanimo. Lo único que muestran esas excusas es la mezquindad de la gestión de la UPN, a quien no le interesan estas personas.
O, es que ¿acaso por ser contratistas no somos personas que tenemos responsabilidades financieras? Al contrario, tenemos las mismas que cualquier otro empleado – de hecho muchos tenemos casi el mismo horario y obligaciones-, pero en algunos casos nos va peor: primero, porque en los primeros 5 días nos toca pagar salud y pensión, si es que no queremos endeudarnos con los nuevos intereses de las EPS; segundo, porque en diciembre nos quedamos sin contrato, a la espera de la que Universidad nos llame nuevamente solicitando nuestros servicios, asunto que para el año siguiente es casi risible, si el presupuesto va a ser como el de éste, muchos de nosotros nos despediremos de la UPN.
Lo que nos duele es que los contratistas y sus acciones estén tan desvalorados en la Universidad. Muchos de nosotros sostenemos sus acciones: desde adentro, colaborando en trámites, gestiones y procesos académicos; desde afuera, en las regiones, trabajando con los maestros, con las instituciones educativas, con las escuelas normales, con las ong´s. Sí, muchos de los contratistas que no le importan nada a la Universidad somos los trabajadores que día a día ponemos la cara por los diferentes procesos que ésta genera, y ¿a alguien le importa?
Sabemos que es un correo emotivo. Sabemos que muchas cosas que quisieramos decir quedan por fuera. No nos importa. Solo queríamos decir algo, nuestro sentir sobre una situación de la que nadie dice nada o de la que muchos contratistas temen hablar, por ser la 'carne de cañón de la Universidad'.
Y eso es lo que más nos duele… que sigamos tan callados, como si en esta institución no pasara nada, quizás este mensaje también quede atrapado en la nada de la UPN pero lo importante es que de nosotros salió ese infinito malestar de dejar pasar las cosas que atentan contra nosotros.
Contratistas UPN
LA PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS PRESUPUESTAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Y LA URGENCIA DE PROPUESTAS Y RESPUESTAS COLECTIVAS
La adopción de la política gubernamental de la “Revolución Educativa” en el sistema universitario financiado por el estado, tiene a varias universidades ad portas de severas crisis presupuestales, pues con la complacencia de los Consejos Superiores, cooptados en sus mayorías por el gobierno de Uribe Vélez, acogieron la propuesta de duplicar la cobertura con los mismos recursos que anualmente gira la nación, situación evidente en la Universidad Pedagógica Nacional que paso de tener 5.102 estudiantes de pregrado en el año 2003 a 8.626 en el primer semestre de 2008, esto explica, en parte, la crisis presupuestal por la que atraviesa nuestra universidad. La otra parte de la explicación esta en la particular manera de administrar del actual rector.
Desde la llegada de Oscar Armando Ibarra a la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2003, se inicio un proceso caracterizado por el manejo personalista, arbitrario y riesgoso del presupuesto y un crecimiento disparatado y aparatoso de la institución. Esto esta suficientemente evidenciado en el plan de desarrollo 2004-2008 que no definió metas, objetivos ni indicadores claros. Ni siquiera se proyectó el presupuesto que se administraría en este periodo. Esta indefinición explica la improvisación de los últimos años en los que han primado e instituido como proyectos muchos caprichos del rector y sus áulicos. Todo esto llevado a cabo en medio de un régimen autoritario que cerró espacios de participación democrática y niega elementales derechos de reunión, asociación e información.
A diciembre de 2003, además del presupuesto anual, la UPN contaba con 23.938 millones de ahorros (activos corrientes) conformados por recursos propios y aportes de la nación con destinación especifica (como la construcción de un auditorio en el Instituto Pedagógico Nacional). Estos ahorros se agotaron a finales del 2006, cubriendo con parte de ellos el déficit de: 2004 ($2.905 millones); 2005 ($3.200 millones) y 2006 ($998 millones). En el año 2007 el déficit fue de $8.287 millones y como ya no hubo con que taparlo, comenzaron a sentirse claramente los problemas en el 2008: no pago a proveedores y contratistas de extensión (problema que viene desde 2006); recorte en la contratación de profesores catedráticos y ocasionales; suspensión de materias electivas, modificación de programas, recorte en salidas de campo etc, etc. Hechos que se comenzaron a presentar desde el segundo semestre de 2007 y son muchísimo mas evidentes en el 2008, no solo por que se agotaron los ahorros, sino porque ante el déficit proyectado para 2008 (mas de $8.000 millones) el Consejo Superior comenzó a controlar al rector y su irracional forma de administrar y gastar los recursos de la universidad.
Ante este panorama, el primer semestre de 2008 se caracterizó por la movilización de la comunidad universitaria para denunciar la crisis presupuestal y sus responsables ante los medios de comunicación y la opinión pública. Con sendas marchas al Ministerio de Educación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación se logró llamar la atención de estos entes y concertar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se debió realizar el 10 de junio, pero que gracias a los disturbios del 29 de mayo fue cancelada. Mejor favor no le pudieron hacer a Ibarra quienes, contra la voluntad de la comunidad organizada, le dieron la disculpa que necesitaba para no rendir cuentas, cerrar la universidad y hacer sentir su autoritarismo al someter a la comunidad académica a la humillante condición de culminar clases y hacer evaluaciones en los andenes y cafeterías aledañas a la UPN.
Durante el cierre de junio el rector reunió a los empleados y profesores para por enésima vez enumerar su lista de realizaciones y endilgar la responsabilidad de la crisis a quienes hemos denunciado esta situación ejerciendo el legítimo derecho a la protesta social de carácter civilista. En su versión, aprovecho para mostrarse como la “victima” de un complot de intereses politiqueros al interior de la Universidad Pedagógica Nacional en alianza con el Ministerio de Educación. Complot, que según él, ha roto el principal activo de la UPN: la credibilidad social. También como “victima” esta vez de una alianza entre sectores de la universidad y la insurgencia, recorrió los organismos de control para reclamar mesura en los informes de auditoria y control por que “e¬stos son utilizados para azuzar a la comunidad universitaria en su contra”.
En el 2008 la comunidad educativa del Instituto Pedagógico Nacional (IPN) se puso en estado de alerta, pues una de las alternativas que plantea Ibarra para mitigar la crisis presupuestal de la UPN es “la venta del lote de la calle 127, recursos con los cuales se crearía un fondo que garantizaría la sostenibilidad” (véase Acta del Consejo Superior N 23 de 2007. Pág. 5). Por primera vez, en un acto oficial, el rector hizo pública la intención que desde años atrás ladinamente venía dejando en el ambiente sin confirmarla ni desmentirla. Ante estas noticias durante algunos días los profesores se declararon en asamblea permanente, los padres de familia hicieron públicas sus dudas y reclamos a Ibarra y los estudiantes organizados en el Consejo Estudiantil hicieron varias jornadas de estudio que culminaron con un hecho sin antecedentes en el IPN: una marcha de estudiantes y padres de familia (IPN-UPN) que se llevó a cabo el 25 de agosto.
La crisis presupuestal afectó a la comunidad educativa del IPN por la angustia e incertidumbre que genera la propuesta de venta de sus terrenos. Pero además porque en junio no se renovó el contrato a la empresa de aseo y el colegio funcionó durante un mes y medio en deplorables condiciones de aseo, a pesar de los esfuerzos de un escaso número de trabajadores y de docentes de preescolar que tuvieron que cumplir con estas labores para evitar una emergencia sanitaria en los primeros niveles. El colegio fue cerrado sin previo aviso el 1º de septiembre ya que esta situación era insostenible.
Ante el cierre y el despliegue que tuvo en los medios de comunicación, Ibarra monto en cólera y le reclamó airadamente a la directora por esta decisión. Bueno es aclarar que días antes le había exigido un listado de los profesores que participaron en la asamblea permanente y en una reunión informativa con representantes de la UPN, para no renovarles contrato el próximo año y sancionar a los estudiantes que promovieron la marcha. A estas pretensiones ella se había negado por la ilegalidad y arbitrariedad que representaban. Entre otros, estos hechos generaron la renuncia de la directora, quien se había comprometido en una reunión de padres de familia con el rector a que mientras ella estuviera “no se haría la venta del lote, así lo decidiera el Consejo Superior y lo autorizara la Ministra de Educación, hasta que el IPN no tenga un lugar donde nos podamos ir en unas condiciones mejores” lo cual se debe convertir en un propósito de la comunidad educativa del IPN y de la UPN.
Por otra parte, el proyecto bandera de Ibarra, la construcción de una nueva Sede en Valmaría (calle186 con Autopista Norte) cada día se convierte en uno más de sus embelecos porque que no tiene ningún futuro. Según Ibarra “la primera etapa del proyecto comenzaría en los primeros meses de 2005 y en el 2006 estarían listas las Facultades de Educación Física y Bellas Artes, el Auditorio Principal, el IPN y el Museo Pedagógico” y según el Plan de Desarrollo Institucional para el año 2007 debió haber concluido la primera etapa de la construcción del edificio de la Facultad de Educación Física, los Campos Deportivos y la adecuación de vías. Nada de esto existe. Lo que hasta el momento se puede constatar es que han habido cuatro inauguraciones de la maqueta, el traslado de la Facultad de Educación Física en precarias condiciones, 9.000 millones invertidos, varias crisis sanitarias por el rebosamiento de los caños aledaños y la cañerías internas, renuncia de profesores, deserción estudiantil y la imposibilidad de realizar este sueño porque no hay un peso: de las donaciones provenientes de la comunidad internacional que Ibarra prometió en la campaña de elección, no hay gestión y mucho menos dinero; el proyecto de estampilla del que se esperaban 250.000 millones fue archivado en el Congreso de la República y con Ciro Ramírez (padrino político del rector) en la cárcel es imposible revivirlo. Lo mismo se puede decir de los 500.000 millones incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo por este ilustre padre de la patria. Así las cosas y con el déficit mencionado esta obra esta parada desde el año pasado y las perspectivas de construcción están condicionadas al proyecto de venta de las actuales sedes de la UPN.
En estos días la crisis presupuestal se ha expresado de manera concreta en: 1) En septiembre, por primera vez en los últimos 20 años, a los profesores y empleados de planta se les pagó su salario después de vencerse el mes. 2) El 7 de octubre la Biblioteca no prestó servicio en la tarde a los estudiantes, debido a que a los empleados de contrato no se les había cancelado el salario correspondiente a septiembre. 3) El 8 de octubre los trabajadores del restaurante pararon sus actividades y no se ofreció alimentos a los estudiantes ante la inexistencia de insumos para prepararlos. 4) A la mayoría de docentes provisionales y de cátedra se les pagó hasta el 6 de octubre y a otros aún no se les ha pagado. 5) A los docentes del Centro de Lenguas les adeudan varios meses de salario. 6) Varias salidas de campo han sido aplazadas o canceladas.
Las respuestas de la administración a esta crisis son enormemente preocupantes: se esta estudiando la posibilidad de vender en un solo paquete los predios de la Sede Principal (Calle 72), Sede el Nogal (Calle 78 Cra. 9a), e IPN (Calle 127), Ibarra unas veces aduce que es para crear un fondo con cuyos rendimientos se cubriría el déficit y otras, que es para garantizar la construcción de la Sede Valmaría. ¿Cuál será la verdad al respecto? Sumado a esto un agresivo plan de ajuste que no toca las raíces del problema.
La situación descrita ha generado diversas respuestas de los diferentes estamentos de la UPN: los profesores del Centro de Lenguas hicieron un cese de actividades en el año 2007 motivo por el cual la gran mayoría fueron reemplazados; Ibarra fue abucheado en la ceremonia de grado de julio por los nuevos maestros; los trabajadores oficiales le hicieron un mitin a finales de septiembre al rector para presionar la contratación de la compañía de aseo para el IPN y deshacerse de la pesada carga laboral que tuvieron que asumir.
Mención especial requiere el hecho que se generó el pasado 30 de septiembre. En el marco de la celebración de los 40 años del programa de Educación Especial, Ibarra iba a inaugurar unos equipos para uso de la población con limitación visual, por lo cual se ordenó el cierre de la Biblioteca desde las 7 de la mañana. Esto causó una enorme molestia entre los estudiantes usuarios. La insatisfacción creció y se convirtió en airados reclamos cuando se hizo presente el rector, al que le requirieron por la calamitosa situación de la UPN y le exigieron que públicamente respondiera a sus cuestionamientos. Rápidamente Ibarra ingreso al recinto seguido por los estudiantes que le reclamaban y a los cuales se les impidió el ingreso, presentándose un forcejeo entre estos y directivos-profesores. Durante cuatro horas los estudiantes pretendieron que el rector rindiera cuentas en una asamblea pública a lo que se negó rotundamente, incluso cuando la Secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón y el Subsecretario de Seguridad y Convivencia Andrés Restrepo, mediaron para que este evento se llevara a cabo con presencia de delegados de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y de la misma Secretaría de Gobierno. Este episodio fue capitalizado por el rector para presentarse ante los medios de comunicación como la victima de un secuestro agravado porque con él estaban retenidas personas discapacitadas. Cuando esto fue conocido creció la indignación de los estudiantes porque, según ellos, “habían propiciado todas las posibilidades para que las personas con limitación visual salieran, pero el rector no lo había permitido”. En medio de la dificultad para lograr un acuerdo Ibarra salió por una ventana de la Biblioteca en un operativo, al parecer, ordenado por la Dirección Nacional de la Policía, pasando por encima de la Autoridad Distrital. El desenlace de este episodio se convierte en otro round de las diferencias entre le Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital. Además deja claro que el régimen es el de la Seguridad Democrática. Para la Comunidad Educativa de la UPN quedó en evidencia la ausencia de voluntad de las directivas para propiciar salidas consensuadas a los problemas de la universidad y el afán de impedir que la opinión pública conozca lo que esta pasando: expresamente las directivas impidieron el ingreso de RCN y CARACOL para que cubrieran la asamblea que se llevó a cabo en el Coliseo de la Universidad después de la aparatosa salida del rector.
La grave crisis presupuestal de la UPN reclama la más decidida, inteligente y civilista acción de todos sus estamentos. Hoy más que nunca es necesario que los diversos sectores y personas que abierta o silenciosamente, antes o recientemente, nos hemos opuesto al proceder de la actual administración, superemos la dispersión y con todo y las diferencias, comencemos un proceso en el que construyamos espacios de encuentro, reconocimiento y concertación que nos permitan levantar consensos en torno a un programa de reconstrucción de la universidad, que en principio defina posturas frente a temas como: democracia y autonomía universitaria; la propuesta de constituyente universitaria; los mecanismos para la superación de la crisis presupuestal; el incremento de cobertura; la nueva Sede de Valmaría; la propuesta de venta de los predios de la Calle 72, el Nogal y el IPN; el gobierno universitario; el reemplazo de la actual administración como punto de llegada de este proceso y otros tantos que surjan del debate.
Para iniciar este proceso se convoca a toda la comunidad universitaria a crear
un espacio de encuentro multiestamentario cuya primera reunión será el
próximo miércoles 15 de octubre a las 2.00 p.m.
Preparémonos para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
programada para el 10 de noviembre
Desde la llegada de Oscar Armando Ibarra a la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2003, se inicio un proceso caracterizado por el manejo personalista, arbitrario y riesgoso del presupuesto y un crecimiento disparatado y aparatoso de la institución. Esto esta suficientemente evidenciado en el plan de desarrollo 2004-2008 que no definió metas, objetivos ni indicadores claros. Ni siquiera se proyectó el presupuesto que se administraría en este periodo. Esta indefinición explica la improvisación de los últimos años en los que han primado e instituido como proyectos muchos caprichos del rector y sus áulicos. Todo esto llevado a cabo en medio de un régimen autoritario que cerró espacios de participación democrática y niega elementales derechos de reunión, asociación e información.
A diciembre de 2003, además del presupuesto anual, la UPN contaba con 23.938 millones de ahorros (activos corrientes) conformados por recursos propios y aportes de la nación con destinación especifica (como la construcción de un auditorio en el Instituto Pedagógico Nacional). Estos ahorros se agotaron a finales del 2006, cubriendo con parte de ellos el déficit de: 2004 ($2.905 millones); 2005 ($3.200 millones) y 2006 ($998 millones). En el año 2007 el déficit fue de $8.287 millones y como ya no hubo con que taparlo, comenzaron a sentirse claramente los problemas en el 2008: no pago a proveedores y contratistas de extensión (problema que viene desde 2006); recorte en la contratación de profesores catedráticos y ocasionales; suspensión de materias electivas, modificación de programas, recorte en salidas de campo etc, etc. Hechos que se comenzaron a presentar desde el segundo semestre de 2007 y son muchísimo mas evidentes en el 2008, no solo por que se agotaron los ahorros, sino porque ante el déficit proyectado para 2008 (mas de $8.000 millones) el Consejo Superior comenzó a controlar al rector y su irracional forma de administrar y gastar los recursos de la universidad.
Ante este panorama, el primer semestre de 2008 se caracterizó por la movilización de la comunidad universitaria para denunciar la crisis presupuestal y sus responsables ante los medios de comunicación y la opinión pública. Con sendas marchas al Ministerio de Educación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación se logró llamar la atención de estos entes y concertar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se debió realizar el 10 de junio, pero que gracias a los disturbios del 29 de mayo fue cancelada. Mejor favor no le pudieron hacer a Ibarra quienes, contra la voluntad de la comunidad organizada, le dieron la disculpa que necesitaba para no rendir cuentas, cerrar la universidad y hacer sentir su autoritarismo al someter a la comunidad académica a la humillante condición de culminar clases y hacer evaluaciones en los andenes y cafeterías aledañas a la UPN.
Durante el cierre de junio el rector reunió a los empleados y profesores para por enésima vez enumerar su lista de realizaciones y endilgar la responsabilidad de la crisis a quienes hemos denunciado esta situación ejerciendo el legítimo derecho a la protesta social de carácter civilista. En su versión, aprovecho para mostrarse como la “victima” de un complot de intereses politiqueros al interior de la Universidad Pedagógica Nacional en alianza con el Ministerio de Educación. Complot, que según él, ha roto el principal activo de la UPN: la credibilidad social. También como “victima” esta vez de una alianza entre sectores de la universidad y la insurgencia, recorrió los organismos de control para reclamar mesura en los informes de auditoria y control por que “e¬stos son utilizados para azuzar a la comunidad universitaria en su contra”.
En el 2008 la comunidad educativa del Instituto Pedagógico Nacional (IPN) se puso en estado de alerta, pues una de las alternativas que plantea Ibarra para mitigar la crisis presupuestal de la UPN es “la venta del lote de la calle 127, recursos con los cuales se crearía un fondo que garantizaría la sostenibilidad” (véase Acta del Consejo Superior N 23 de 2007. Pág. 5). Por primera vez, en un acto oficial, el rector hizo pública la intención que desde años atrás ladinamente venía dejando en el ambiente sin confirmarla ni desmentirla. Ante estas noticias durante algunos días los profesores se declararon en asamblea permanente, los padres de familia hicieron públicas sus dudas y reclamos a Ibarra y los estudiantes organizados en el Consejo Estudiantil hicieron varias jornadas de estudio que culminaron con un hecho sin antecedentes en el IPN: una marcha de estudiantes y padres de familia (IPN-UPN) que se llevó a cabo el 25 de agosto.
La crisis presupuestal afectó a la comunidad educativa del IPN por la angustia e incertidumbre que genera la propuesta de venta de sus terrenos. Pero además porque en junio no se renovó el contrato a la empresa de aseo y el colegio funcionó durante un mes y medio en deplorables condiciones de aseo, a pesar de los esfuerzos de un escaso número de trabajadores y de docentes de preescolar que tuvieron que cumplir con estas labores para evitar una emergencia sanitaria en los primeros niveles. El colegio fue cerrado sin previo aviso el 1º de septiembre ya que esta situación era insostenible.
Ante el cierre y el despliegue que tuvo en los medios de comunicación, Ibarra monto en cólera y le reclamó airadamente a la directora por esta decisión. Bueno es aclarar que días antes le había exigido un listado de los profesores que participaron en la asamblea permanente y en una reunión informativa con representantes de la UPN, para no renovarles contrato el próximo año y sancionar a los estudiantes que promovieron la marcha. A estas pretensiones ella se había negado por la ilegalidad y arbitrariedad que representaban. Entre otros, estos hechos generaron la renuncia de la directora, quien se había comprometido en una reunión de padres de familia con el rector a que mientras ella estuviera “no se haría la venta del lote, así lo decidiera el Consejo Superior y lo autorizara la Ministra de Educación, hasta que el IPN no tenga un lugar donde nos podamos ir en unas condiciones mejores” lo cual se debe convertir en un propósito de la comunidad educativa del IPN y de la UPN.
Por otra parte, el proyecto bandera de Ibarra, la construcción de una nueva Sede en Valmaría (calle186 con Autopista Norte) cada día se convierte en uno más de sus embelecos porque que no tiene ningún futuro. Según Ibarra “la primera etapa del proyecto comenzaría en los primeros meses de 2005 y en el 2006 estarían listas las Facultades de Educación Física y Bellas Artes, el Auditorio Principal, el IPN y el Museo Pedagógico” y según el Plan de Desarrollo Institucional para el año 2007 debió haber concluido la primera etapa de la construcción del edificio de la Facultad de Educación Física, los Campos Deportivos y la adecuación de vías. Nada de esto existe. Lo que hasta el momento se puede constatar es que han habido cuatro inauguraciones de la maqueta, el traslado de la Facultad de Educación Física en precarias condiciones, 9.000 millones invertidos, varias crisis sanitarias por el rebosamiento de los caños aledaños y la cañerías internas, renuncia de profesores, deserción estudiantil y la imposibilidad de realizar este sueño porque no hay un peso: de las donaciones provenientes de la comunidad internacional que Ibarra prometió en la campaña de elección, no hay gestión y mucho menos dinero; el proyecto de estampilla del que se esperaban 250.000 millones fue archivado en el Congreso de la República y con Ciro Ramírez (padrino político del rector) en la cárcel es imposible revivirlo. Lo mismo se puede decir de los 500.000 millones incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo por este ilustre padre de la patria. Así las cosas y con el déficit mencionado esta obra esta parada desde el año pasado y las perspectivas de construcción están condicionadas al proyecto de venta de las actuales sedes de la UPN.
En estos días la crisis presupuestal se ha expresado de manera concreta en: 1) En septiembre, por primera vez en los últimos 20 años, a los profesores y empleados de planta se les pagó su salario después de vencerse el mes. 2) El 7 de octubre la Biblioteca no prestó servicio en la tarde a los estudiantes, debido a que a los empleados de contrato no se les había cancelado el salario correspondiente a septiembre. 3) El 8 de octubre los trabajadores del restaurante pararon sus actividades y no se ofreció alimentos a los estudiantes ante la inexistencia de insumos para prepararlos. 4) A la mayoría de docentes provisionales y de cátedra se les pagó hasta el 6 de octubre y a otros aún no se les ha pagado. 5) A los docentes del Centro de Lenguas les adeudan varios meses de salario. 6) Varias salidas de campo han sido aplazadas o canceladas.
Las respuestas de la administración a esta crisis son enormemente preocupantes: se esta estudiando la posibilidad de vender en un solo paquete los predios de la Sede Principal (Calle 72), Sede el Nogal (Calle 78 Cra. 9a), e IPN (Calle 127), Ibarra unas veces aduce que es para crear un fondo con cuyos rendimientos se cubriría el déficit y otras, que es para garantizar la construcción de la Sede Valmaría. ¿Cuál será la verdad al respecto? Sumado a esto un agresivo plan de ajuste que no toca las raíces del problema.
La situación descrita ha generado diversas respuestas de los diferentes estamentos de la UPN: los profesores del Centro de Lenguas hicieron un cese de actividades en el año 2007 motivo por el cual la gran mayoría fueron reemplazados; Ibarra fue abucheado en la ceremonia de grado de julio por los nuevos maestros; los trabajadores oficiales le hicieron un mitin a finales de septiembre al rector para presionar la contratación de la compañía de aseo para el IPN y deshacerse de la pesada carga laboral que tuvieron que asumir.
Mención especial requiere el hecho que se generó el pasado 30 de septiembre. En el marco de la celebración de los 40 años del programa de Educación Especial, Ibarra iba a inaugurar unos equipos para uso de la población con limitación visual, por lo cual se ordenó el cierre de la Biblioteca desde las 7 de la mañana. Esto causó una enorme molestia entre los estudiantes usuarios. La insatisfacción creció y se convirtió en airados reclamos cuando se hizo presente el rector, al que le requirieron por la calamitosa situación de la UPN y le exigieron que públicamente respondiera a sus cuestionamientos. Rápidamente Ibarra ingreso al recinto seguido por los estudiantes que le reclamaban y a los cuales se les impidió el ingreso, presentándose un forcejeo entre estos y directivos-profesores. Durante cuatro horas los estudiantes pretendieron que el rector rindiera cuentas en una asamblea pública a lo que se negó rotundamente, incluso cuando la Secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón y el Subsecretario de Seguridad y Convivencia Andrés Restrepo, mediaron para que este evento se llevara a cabo con presencia de delegados de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y de la misma Secretaría de Gobierno. Este episodio fue capitalizado por el rector para presentarse ante los medios de comunicación como la victima de un secuestro agravado porque con él estaban retenidas personas discapacitadas. Cuando esto fue conocido creció la indignación de los estudiantes porque, según ellos, “habían propiciado todas las posibilidades para que las personas con limitación visual salieran, pero el rector no lo había permitido”. En medio de la dificultad para lograr un acuerdo Ibarra salió por una ventana de la Biblioteca en un operativo, al parecer, ordenado por la Dirección Nacional de la Policía, pasando por encima de la Autoridad Distrital. El desenlace de este episodio se convierte en otro round de las diferencias entre le Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital. Además deja claro que el régimen es el de la Seguridad Democrática. Para la Comunidad Educativa de la UPN quedó en evidencia la ausencia de voluntad de las directivas para propiciar salidas consensuadas a los problemas de la universidad y el afán de impedir que la opinión pública conozca lo que esta pasando: expresamente las directivas impidieron el ingreso de RCN y CARACOL para que cubrieran la asamblea que se llevó a cabo en el Coliseo de la Universidad después de la aparatosa salida del rector.
La grave crisis presupuestal de la UPN reclama la más decidida, inteligente y civilista acción de todos sus estamentos. Hoy más que nunca es necesario que los diversos sectores y personas que abierta o silenciosamente, antes o recientemente, nos hemos opuesto al proceder de la actual administración, superemos la dispersión y con todo y las diferencias, comencemos un proceso en el que construyamos espacios de encuentro, reconocimiento y concertación que nos permitan levantar consensos en torno a un programa de reconstrucción de la universidad, que en principio defina posturas frente a temas como: democracia y autonomía universitaria; la propuesta de constituyente universitaria; los mecanismos para la superación de la crisis presupuestal; el incremento de cobertura; la nueva Sede de Valmaría; la propuesta de venta de los predios de la Calle 72, el Nogal y el IPN; el gobierno universitario; el reemplazo de la actual administración como punto de llegada de este proceso y otros tantos que surjan del debate.
Para iniciar este proceso se convoca a toda la comunidad universitaria a crear
un espacio de encuentro multiestamentario cuya primera reunión será el
próximo miércoles 15 de octubre a las 2.00 p.m.
Preparémonos para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
programada para el 10 de noviembre
Aunque insistan; son mentiras.
[ 10/18/2008] [ ] [ Autor: Tejido de Comunicación ACIN]
TODOS SOMOS CORTEROS. TODOS SOMOS INDÍGENAS. Todos somos culpables de luchar por la dignidad y la vida contra un régimen al que se le agotaron los argumentos y solamente tiene uno_AA_CoLoN_ fabricar el enemigo que le conviene para eliminar el contradictor que lo supera en dignidad y en derecho.
¿Vieron las pruebas? El senador Alexander López en un gimnasio, rodeado de corteros de caña y nombrando la miseria, la injusticia de la que han sido víctimas y (¡delito!) su derecho a no dejarse aplastar, a actuar, a reclamar sus derechos. Reclamar un derecho de manera pacífica y democrática. A eso “incitó” el Senador Alexander López en el gimnasio del video -“prueba estrella”- a los corteros. Hay órdenes de captura contra sus asesores y contra líderes del movimiento de los corteros. Ya han capturado a uno de los líderes. Las pruebas, una vez más, solo demuestran la acción criminal del Gobierno y su persecución contra personas comprometidas y coherentes con la defensa de la dignidad y la vida. A propósito, el Senador Alexander López es miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y le corresponde seguir haciendo lo que ha hecho de manera ejemplar con su equipo por todo el país: denunciar las violaciones de derechos humanos y apoyar a quienes luchan en su defensa.
Quienes hemos acompañado a los corteros y a sus familias, quienes hemos ido a escucharlos, a recibir su hospitalidad en los cambuches, a compartir sus historias, un café y un pan generoso. A quienes vimos sus piezas de inquilinato, los recibos que documentan la forma en que los roban. A quienes miramos sus rostros cansados y dignos, sus cuerpos a la vez fuertes y enfermos. A quienes sentimos su fuerza honesta, transparente y su ejemplar sinceridad y humanidad, nadie nos puede convencer que ese movimiento lo infiltraron las FARC, ni que Alexander López y sus asesores los manipularon o los instigaron.
Durante siete meses, luego de trabajar jornadas infames de más de 12 horas diarias para no conseguir suficiente para el sustento, se reunieron poco a poco para pensar, para entender. Se reunieron solos los corteros entre sí, para nombrar ese cansancio tan presente, tan agobiante y sentido y para identificar las causas y condiciones de su explotación. Pacientemente acumularon los hechos, los argumentos, las pruebas. Convencidos y llenos de argumentos, durante esos siete meses, se fueron acercando a otros corteros de otros ingenios y reconocieron una realidad común, un cansancio compartido y una decisión colectiva: NO AGUANTABAN MAS MISERIA. Así, organizados en una comisión de corteros de la mayoría de los ingenios, prepararon y presentaron un pliego colectivo de peticiones a ASOCAÑA. En todos los ingenios recogimos los testimonios. La respuesta fue displicente, de desprecio. Para ASOCAÑA y para el Gobierno, representado por eL Ministerio de la Protección Social , no solo no tenían derecho los corteros a ese pliego de peticiones sino que no existían. Fueron ignorados.
En ese contexto, Alexander López escucha a los corteros. Estudian él y sus asesores el contenido del pliego y lo respaldan. Así surge la Audiencia del 14 de Junio de 2008 en Pradera. De ella queda un documento en video que habla por si mismo. Ante la intención de la audiencia, el Presidente Uribe ordena, en un franco abuso de autoridad, que “judicialicen y metan a la cárcel” al Senador López. Pero además lo hace con cargos que invierten y distorsionan la historia. Acusó el Presidente Uribe al Senador López de haber generado la quiebra de EMCALI. La evidencia demuestra, por el contrario, que Alexander López luchó por salvar a EMCALI de la quiebra a la que la estaban llevando la corrupción y las iniciativas de privatización.
Que el movimiento de los corteros quiera y respete a Alexander López y a sus asesores. Que los dirigentes de los corteros hayan adquirido una ejemplar claridad política que supera sus reivindicaciones inmediatas.
Que la decisión de hacer un paro que va en su segundo mes y que ha despertado la solidaridad y el reconocimiento de vastos sectores del país y del mundo, no es prueba de que las FARC lo hayan infiltrado ni de que los dirigentes sean terroristas. Prueba, por el contrario, que es una lucha sólida, digna, justa y admirable.
Pero acá reaparece lo que es ya un patrón obsceno. El Régimen acusa a los movimientos sociales dignos y concientes de ser terroristas y presenta “pruebas” en ese sentido para judicializar y encarcelar a sus dirigentes. Corteros comprados dieron testimonios falsos contra los luchadores. El ESMAD atacó algunos campamentos. La dirigencia de ASOCAÑA y el Gobierno presentaron datos falsos, versiones distorsionadas e intentaron estigmatizar toda la lucha. Todo esto ha fortalecido la lucha.
Ahora, hay órdenes de captura, se nos anuncia, contra 6 personas. Órdenes injustas, fabricadas, que demuestran una vez más, el abuso del poder del Estado contra los pueblos en la intención de criminalizar la reivindicación social.
El patrón se ha hecho evidente
1. Los medios de comunicación presentan de manera casi exclusiva y excluyente la posición y versiones de los patronos, del Gobierno, de la Fuerza Pública. Niegan la palabra y evidencias de quienes se movilizan. Son portavoces del poder establecido y cierran espacios al debate público abierto.
2. El Gobierno fabrica “pruebas” contra los dirigentes y quienes los apoyan como pretexto para reprimir la lucha y judicializarlos.
3. El Gobierno señala la movilización social de reivindicación de derechos o de oposición a políticas de Estado como un delito que se propone “desestabilizar” en la perspectiva de establecer como criminal la movilización y la acción política de oposición.
Los medios que le han negado la palabra a indígenas y a corteros, ahora nos imponen repetitivamente las “pruebas” y declaraciones contra el Senador López, contra los asesores de los corteros, contra los líderes de los corteros, contra el movimiento indígena. Las “pruebas” no resisten el más mínimo análisis y cuestionamiento. Son interpretaciones fabricadas de hechos con un sesgo persecutorio. No presentan los hechos ni respetan el espacio abierto que deben garantizar para el análisis jurídico de las evidencias. Se le dice a la gente lo que debe ver, entender y creer y se impide cualquier cuestionamiento. El quehacer de los medios es sesgado, condenable y criminal, como lo es el del Estado. Pero además, los turistas están advertidos. Si vienen a Colombia solamente pueden ver playas y disfrutar la belleza física del país. Si se llegan a asomar a la miseria, si descubren la verdad de la mayoría, si visitan pueblos en lucha por la justicia social, son inmediatamente arrestados y expulsados del país. A Colombia no se puede venir a ver la verdad, esto es un delito.
Desesperar a los excluidos y explotados: cierre de espacios, negación de derechos y libertades, persecución y señalamiento de líderes, manipulación de instancias y procesos jurídicos, estigmatización de movimientos como terroristas, tratamiento de guerra contra movimientos indígenas y populares. Escuchar hasta la saciedad, hasta la desesperación, el espectáculo mediático Álvaro Uribe Vélez, repitiendo lo mismo, forjando un país fantasioso e ilusorio, con discursos de honestidad, democracia, rectitud y transparencia que son totalmente contrarios a sus actos. Habilidoso el Gobernante en su arte de discursos. Serían excelentes, Presidente, si fueran verdad, como quiere el 80% de la gente que lo apoya. El problema es que no lo son y que la verdad es de sangre, propaganda, terror y miseria.
Se busca con esto polarizar para transformar el conflicto social en una guerra y el país en un teatro de operaciones. La guerra cierra los espacios democráticos, niega los derechos y permite que la fuerza desplace a millones y entregue las riquezas a unos pocos. Los demás somos esclavos. Los demás somos corteros.
Si, es así. TODOS SOMOS CORTEROS. TODOS SOMOS INDÍGENAS. Todos somos culpables de luchar por la dignidad y la vida contra un régimen al que se le agotaron los argumentos y solamente tiene uno: fabricar el enemigo que le conviene para eliminar el contradictor que lo supera en dignidad y en derecho.
Tejido de Comunicación y Relaciones
Para la Verdad y la Vida
ACIN
Octubre 18 de 2008.
TODOS SOMOS CORTEROS. TODOS SOMOS INDÍGENAS. Todos somos culpables de luchar por la dignidad y la vida contra un régimen al que se le agotaron los argumentos y solamente tiene uno_AA_CoLoN_ fabricar el enemigo que le conviene para eliminar el contradictor que lo supera en dignidad y en derecho.
¿Vieron las pruebas? El senador Alexander López en un gimnasio, rodeado de corteros de caña y nombrando la miseria, la injusticia de la que han sido víctimas y (¡delito!) su derecho a no dejarse aplastar, a actuar, a reclamar sus derechos. Reclamar un derecho de manera pacífica y democrática. A eso “incitó” el Senador Alexander López en el gimnasio del video -“prueba estrella”- a los corteros. Hay órdenes de captura contra sus asesores y contra líderes del movimiento de los corteros. Ya han capturado a uno de los líderes. Las pruebas, una vez más, solo demuestran la acción criminal del Gobierno y su persecución contra personas comprometidas y coherentes con la defensa de la dignidad y la vida. A propósito, el Senador Alexander López es miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y le corresponde seguir haciendo lo que ha hecho de manera ejemplar con su equipo por todo el país: denunciar las violaciones de derechos humanos y apoyar a quienes luchan en su defensa.
Quienes hemos acompañado a los corteros y a sus familias, quienes hemos ido a escucharlos, a recibir su hospitalidad en los cambuches, a compartir sus historias, un café y un pan generoso. A quienes vimos sus piezas de inquilinato, los recibos que documentan la forma en que los roban. A quienes miramos sus rostros cansados y dignos, sus cuerpos a la vez fuertes y enfermos. A quienes sentimos su fuerza honesta, transparente y su ejemplar sinceridad y humanidad, nadie nos puede convencer que ese movimiento lo infiltraron las FARC, ni que Alexander López y sus asesores los manipularon o los instigaron.
Durante siete meses, luego de trabajar jornadas infames de más de 12 horas diarias para no conseguir suficiente para el sustento, se reunieron poco a poco para pensar, para entender. Se reunieron solos los corteros entre sí, para nombrar ese cansancio tan presente, tan agobiante y sentido y para identificar las causas y condiciones de su explotación. Pacientemente acumularon los hechos, los argumentos, las pruebas. Convencidos y llenos de argumentos, durante esos siete meses, se fueron acercando a otros corteros de otros ingenios y reconocieron una realidad común, un cansancio compartido y una decisión colectiva: NO AGUANTABAN MAS MISERIA. Así, organizados en una comisión de corteros de la mayoría de los ingenios, prepararon y presentaron un pliego colectivo de peticiones a ASOCAÑA. En todos los ingenios recogimos los testimonios. La respuesta fue displicente, de desprecio. Para ASOCAÑA y para el Gobierno, representado por eL Ministerio de la Protección Social , no solo no tenían derecho los corteros a ese pliego de peticiones sino que no existían. Fueron ignorados.
En ese contexto, Alexander López escucha a los corteros. Estudian él y sus asesores el contenido del pliego y lo respaldan. Así surge la Audiencia del 14 de Junio de 2008 en Pradera. De ella queda un documento en video que habla por si mismo. Ante la intención de la audiencia, el Presidente Uribe ordena, en un franco abuso de autoridad, que “judicialicen y metan a la cárcel” al Senador López. Pero además lo hace con cargos que invierten y distorsionan la historia. Acusó el Presidente Uribe al Senador López de haber generado la quiebra de EMCALI. La evidencia demuestra, por el contrario, que Alexander López luchó por salvar a EMCALI de la quiebra a la que la estaban llevando la corrupción y las iniciativas de privatización.
Que el movimiento de los corteros quiera y respete a Alexander López y a sus asesores. Que los dirigentes de los corteros hayan adquirido una ejemplar claridad política que supera sus reivindicaciones inmediatas.
Que la decisión de hacer un paro que va en su segundo mes y que ha despertado la solidaridad y el reconocimiento de vastos sectores del país y del mundo, no es prueba de que las FARC lo hayan infiltrado ni de que los dirigentes sean terroristas. Prueba, por el contrario, que es una lucha sólida, digna, justa y admirable.
Pero acá reaparece lo que es ya un patrón obsceno. El Régimen acusa a los movimientos sociales dignos y concientes de ser terroristas y presenta “pruebas” en ese sentido para judicializar y encarcelar a sus dirigentes. Corteros comprados dieron testimonios falsos contra los luchadores. El ESMAD atacó algunos campamentos. La dirigencia de ASOCAÑA y el Gobierno presentaron datos falsos, versiones distorsionadas e intentaron estigmatizar toda la lucha. Todo esto ha fortalecido la lucha.
Ahora, hay órdenes de captura, se nos anuncia, contra 6 personas. Órdenes injustas, fabricadas, que demuestran una vez más, el abuso del poder del Estado contra los pueblos en la intención de criminalizar la reivindicación social.
El patrón se ha hecho evidente
1. Los medios de comunicación presentan de manera casi exclusiva y excluyente la posición y versiones de los patronos, del Gobierno, de la Fuerza Pública. Niegan la palabra y evidencias de quienes se movilizan. Son portavoces del poder establecido y cierran espacios al debate público abierto.
2. El Gobierno fabrica “pruebas” contra los dirigentes y quienes los apoyan como pretexto para reprimir la lucha y judicializarlos.
3. El Gobierno señala la movilización social de reivindicación de derechos o de oposición a políticas de Estado como un delito que se propone “desestabilizar” en la perspectiva de establecer como criminal la movilización y la acción política de oposición.
Los medios que le han negado la palabra a indígenas y a corteros, ahora nos imponen repetitivamente las “pruebas” y declaraciones contra el Senador López, contra los asesores de los corteros, contra los líderes de los corteros, contra el movimiento indígena. Las “pruebas” no resisten el más mínimo análisis y cuestionamiento. Son interpretaciones fabricadas de hechos con un sesgo persecutorio. No presentan los hechos ni respetan el espacio abierto que deben garantizar para el análisis jurídico de las evidencias. Se le dice a la gente lo que debe ver, entender y creer y se impide cualquier cuestionamiento. El quehacer de los medios es sesgado, condenable y criminal, como lo es el del Estado. Pero además, los turistas están advertidos. Si vienen a Colombia solamente pueden ver playas y disfrutar la belleza física del país. Si se llegan a asomar a la miseria, si descubren la verdad de la mayoría, si visitan pueblos en lucha por la justicia social, son inmediatamente arrestados y expulsados del país. A Colombia no se puede venir a ver la verdad, esto es un delito.
Desesperar a los excluidos y explotados: cierre de espacios, negación de derechos y libertades, persecución y señalamiento de líderes, manipulación de instancias y procesos jurídicos, estigmatización de movimientos como terroristas, tratamiento de guerra contra movimientos indígenas y populares. Escuchar hasta la saciedad, hasta la desesperación, el espectáculo mediático Álvaro Uribe Vélez, repitiendo lo mismo, forjando un país fantasioso e ilusorio, con discursos de honestidad, democracia, rectitud y transparencia que son totalmente contrarios a sus actos. Habilidoso el Gobernante en su arte de discursos. Serían excelentes, Presidente, si fueran verdad, como quiere el 80% de la gente que lo apoya. El problema es que no lo son y que la verdad es de sangre, propaganda, terror y miseria.
Se busca con esto polarizar para transformar el conflicto social en una guerra y el país en un teatro de operaciones. La guerra cierra los espacios democráticos, niega los derechos y permite que la fuerza desplace a millones y entregue las riquezas a unos pocos. Los demás somos esclavos. Los demás somos corteros.
Si, es así. TODOS SOMOS CORTEROS. TODOS SOMOS INDÍGENAS. Todos somos culpables de luchar por la dignidad y la vida contra un régimen al que se le agotaron los argumentos y solamente tiene uno: fabricar el enemigo que le conviene para eliminar el contradictor que lo supera en dignidad y en derecho.
Tejido de Comunicación y Relaciones
Para la Verdad y la Vida
ACIN
Octubre 18 de 2008.
COMUNICADO REENVIADO DE LA ONIC:
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA - CRIC
Autoridad Tradicional
Resolución No. 025 del 8 de Julio de 1999 Dirección de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior
Calle 1 No. 4-50 Tel. 8242594 – 8242153 – 8240343 E mail: cric@emtel.net.co - Pagina Web: www.cric–colombia.org
NIT. 817.002.466
CONTRA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN LA MARIA PIENDAMO, LA MASACRE SE INICIO Y SE PREPARA MAS FUERTE CON FUNDAMENTO EN LA MENTIRA Y EL SEÑALAMIENTO.
DEBIL ACCION E INCIDENCIA DE LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS.
A comienzos de la lucha del CRIC nos mataron los pájaros contratados por los terratenientes. Luego han sido los grupos paramilitares en connivencia con los organismos del Estado, y también lo ha hecho la guerrilla. En las últimas movilizaciones la fuerza pública ha ensayado mecanismos e instrumentos para asesinarnos impunemente, los cuales se han ido haciendo cada vez más comunes, ante la indolencia de la opinión pública que permite y acepta se actué por fuera de constitución y la ley desde el propio Estado, contra la población pobre de Colombia.
Hoy, tenemos a una policía que en nombre de la legitimidad del Estado, aplica desproporcionadamente la fuerza, ejecuta la pena de muerte y asesina a la población que tiene la obligación constitucional de defender. Con tanquetas, armas convencionales y no convencionales, a machete, tiros recalzados y de fusil, agraden a quienes nos movilizamos, pretendiendo borrar su ignominia y su desconocimiento de los mínimos de un Estado Social de Derecho.
Luego de asesinar, herir, desconocer derechos fundamentales, salen a mentir señalando que somos los mismos indígenas y sectores populares, los que nos estamos autoeliminando o que tenemos pactos con la guerrilla y que por usar sus explosivos nos estamos dando muerte nosotros mismos. Con esto no solo quieren encubrir sus crímenes sino que van preparando las condiciones y justificaciones para la realización de la masacre.
Entre tanto sectores de opinión reclaman por el dialogo interesados en la movilidad de la vía Panamericana, aunque parecen ya acostumbrados a la muerte como argumento de defensa del Estado, y no muestran preocupación por la violación de Derechos humanos que en la Maria se está dando por parte de las fuerza pública. Sin embargo sectores populares y democráticos se manifiestan públicamente en la defensa de la vida y de la Constitución, y saben que esta es una lucha de todos por salvar lo poco que nos queda de Estado Social de derecho.
La defensoria del pueblo ha llamado al respeto de los derechos humanos y al dialogo, lo cual es parte de su función; requerimos sin embargo, que este mecanismo instituido en la constitución de 1.991 cumpla su papel y sea un garante del respeto del Estado a los derechos humanos; la defensoria del pueblo debe hacer presencia en la zona y cerciorarse de cómo está actuando la fuerza pública, que armas no convencionales y convencionales está utilizando, la presencia de personas de civil armadas protegidas por la policía, la violación de viviendas; la defensoria debe aclarar ante la comunidad nacional e internacional quienes son los que no dejan pasar las ambulancias ya que el ejercito y los medios que difunden sus comunicados dicen que somos nosotros, y nosotros sostenemos y sabemos que es la fuerza pública la que lo impide. Hacemos un llamado al Defensor del Pueblo Nacional para que entienda que acá no está rigiendo la Constitución colombiana y que es deber de la Defensoria velar para que ello no sea así.
En el mimo sentido, llamamos al sistema de Naciones Unidas y a la mesa humanitaria del Cauca, y la comunidad internacional para que puedan ser veedoras y puedan decir al mundo que es lo que está pasando en la María. Si se plantea la verdad y la justicia como bases fundamentales de la paz y la convivencia, estas no solo hay que buscarlas posteriormente a que se presenten los hechos sino también en el presente de esta guerra que se generaliza contra la población.
Más de sesenta heridos, un muerto, otro cuerpo abandonado y macheteado al que no se permite llegar por parte de la fuerza pública, uso de armas no convencionales y convencionales y procedimientos no autorizados legal ni éticamente, el entronizamiento de la mentira como verdad de Estado, las tanquetas avanzando por las vías secundarias, los helicópteros circundando el área indígena, el resguardo de la María convertido en un campo de guerra, ameritan y exigen que las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y todos los demócratas del mundo detengan esta masacre.
En la medida en que este territorio indígena ha sido convertido en un campo de muerte y de guerra, se oyen rumores de que actores armados de la guerrilla pretenden pescar en río revuelto, ya que al igual que al Estado solo les interesa la intensificación del conflicto. Rechazamos cualquier acción de estos actores, y reclamamos el respeto a la movilización y autonomía del movimiento social y el respeto al DIH.
EMERGENCIA EN EL CAUCA
SE AVECINA MASACRE EN LA MARIA PIENDAMO.
Las comunidades indígenas del Cauca en compañía de sectores populares iniciamos en el día de hoy la protesta y denuncia por política de muerte en contra nuestra por parte del Estado colombiano y del poder transnacional.
Ante esta actividad de movilización y de lucha, la fuerza pública ha respondido con violencia institucional no legal ni amparada en la Constitución colombiana como disparar con arma de fuego contra los manifestantes, dando el triste espectáculo de un gobierno que masacra a su población.
A mediodía de hoy se presentan 65 heridos entre los cuales hay un niño de 10 años herido con arma de fuego , en la María Piendamo, dentro de los cuales los siguientes:
Hermes Arbey Diaz del Resguardo de Huellas Caloto
Mauricio Menza de Jambaló, (herido en la frente con tiro recalzado)
Benjamín Ramos de Talaga (perdió un ojo y herido en el pecho)
Mariano Morano Dizu de Pitayo, (herido con arma de fuego en el cráneo)
Enyi Ulcue de Pueblo Nuevo (herido en la pierna con arma de fuego)
Jhon Fredy Piñacue de 16 años (herido con garrote en la frente)
Mario Guetoto de Delicias
Diomedes Quinto de San Andres de Pisimbala
Joaquin Cotocue de San Andres de Pisimbala
Milciades Tumbo de San Andres de Pisimbala
Jose Ferney Pardo de Inza
Adolfo Quitumbo de Corinto
Harold Cucuñame de Honduras
Delio Quitumbo de Toribío
Hernando Campo de Pitayo
Aldemar Ramos de Huellas, Caloto
Luis Felipe NN
Marco Antonio Guejia de Miranda
Lizardo Pete de Caloto
José Manzano de Tacueyo
Los compañeros Mariano Morano Dizu y Benjamín Ramos, fallecieron en el Hospital San José de Popayán; Mariano fue herido con arma de fuego en el cráneo, y los médicos no dan esperanza de vida; Benjamín Ramos perdió el ojo izquierdo.
También hay 2 detenidos y 5 desaparecidos.
Llamamos a todos los sectores democráticos y populares a exigir al Gobierno nacional que respete la Constitución y los mínimos humanitarios reconocidos en el mundo, y que detenga esta masacre contra los movilizados. Igualmente nos solidarizamos con las otras regiones que se encuentran movilizadas en esta minga, y que igualmente están siendo brutalmente reprimidas.
CONSEJERIA MAYOR DEL CRIC. OCTUBRE 15 DE 2008.
Autoridad Tradicional
Resolución No. 025 del 8 de Julio de 1999 Dirección de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior
Calle 1 No. 4-50 Tel. 8242594 – 8242153 – 8240343 E mail: cric@emtel.net.co - Pagina Web: www.cric–colombia.org
NIT. 817.002.466
CONTRA LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN LA MARIA PIENDAMO, LA MASACRE SE INICIO Y SE PREPARA MAS FUERTE CON FUNDAMENTO EN LA MENTIRA Y EL SEÑALAMIENTO.
DEBIL ACCION E INCIDENCIA DE LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS.
A comienzos de la lucha del CRIC nos mataron los pájaros contratados por los terratenientes. Luego han sido los grupos paramilitares en connivencia con los organismos del Estado, y también lo ha hecho la guerrilla. En las últimas movilizaciones la fuerza pública ha ensayado mecanismos e instrumentos para asesinarnos impunemente, los cuales se han ido haciendo cada vez más comunes, ante la indolencia de la opinión pública que permite y acepta se actué por fuera de constitución y la ley desde el propio Estado, contra la población pobre de Colombia.
Hoy, tenemos a una policía que en nombre de la legitimidad del Estado, aplica desproporcionadamente la fuerza, ejecuta la pena de muerte y asesina a la población que tiene la obligación constitucional de defender. Con tanquetas, armas convencionales y no convencionales, a machete, tiros recalzados y de fusil, agraden a quienes nos movilizamos, pretendiendo borrar su ignominia y su desconocimiento de los mínimos de un Estado Social de Derecho.
Luego de asesinar, herir, desconocer derechos fundamentales, salen a mentir señalando que somos los mismos indígenas y sectores populares, los que nos estamos autoeliminando o que tenemos pactos con la guerrilla y que por usar sus explosivos nos estamos dando muerte nosotros mismos. Con esto no solo quieren encubrir sus crímenes sino que van preparando las condiciones y justificaciones para la realización de la masacre.
Entre tanto sectores de opinión reclaman por el dialogo interesados en la movilidad de la vía Panamericana, aunque parecen ya acostumbrados a la muerte como argumento de defensa del Estado, y no muestran preocupación por la violación de Derechos humanos que en la Maria se está dando por parte de las fuerza pública. Sin embargo sectores populares y democráticos se manifiestan públicamente en la defensa de la vida y de la Constitución, y saben que esta es una lucha de todos por salvar lo poco que nos queda de Estado Social de derecho.
La defensoria del pueblo ha llamado al respeto de los derechos humanos y al dialogo, lo cual es parte de su función; requerimos sin embargo, que este mecanismo instituido en la constitución de 1.991 cumpla su papel y sea un garante del respeto del Estado a los derechos humanos; la defensoria del pueblo debe hacer presencia en la zona y cerciorarse de cómo está actuando la fuerza pública, que armas no convencionales y convencionales está utilizando, la presencia de personas de civil armadas protegidas por la policía, la violación de viviendas; la defensoria debe aclarar ante la comunidad nacional e internacional quienes son los que no dejan pasar las ambulancias ya que el ejercito y los medios que difunden sus comunicados dicen que somos nosotros, y nosotros sostenemos y sabemos que es la fuerza pública la que lo impide. Hacemos un llamado al Defensor del Pueblo Nacional para que entienda que acá no está rigiendo la Constitución colombiana y que es deber de la Defensoria velar para que ello no sea así.
En el mimo sentido, llamamos al sistema de Naciones Unidas y a la mesa humanitaria del Cauca, y la comunidad internacional para que puedan ser veedoras y puedan decir al mundo que es lo que está pasando en la María. Si se plantea la verdad y la justicia como bases fundamentales de la paz y la convivencia, estas no solo hay que buscarlas posteriormente a que se presenten los hechos sino también en el presente de esta guerra que se generaliza contra la población.
Más de sesenta heridos, un muerto, otro cuerpo abandonado y macheteado al que no se permite llegar por parte de la fuerza pública, uso de armas no convencionales y convencionales y procedimientos no autorizados legal ni éticamente, el entronizamiento de la mentira como verdad de Estado, las tanquetas avanzando por las vías secundarias, los helicópteros circundando el área indígena, el resguardo de la María convertido en un campo de guerra, ameritan y exigen que las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y todos los demócratas del mundo detengan esta masacre.
En la medida en que este territorio indígena ha sido convertido en un campo de muerte y de guerra, se oyen rumores de que actores armados de la guerrilla pretenden pescar en río revuelto, ya que al igual que al Estado solo les interesa la intensificación del conflicto. Rechazamos cualquier acción de estos actores, y reclamamos el respeto a la movilización y autonomía del movimiento social y el respeto al DIH.
EMERGENCIA EN EL CAUCA
SE AVECINA MASACRE EN LA MARIA PIENDAMO.
Las comunidades indígenas del Cauca en compañía de sectores populares iniciamos en el día de hoy la protesta y denuncia por política de muerte en contra nuestra por parte del Estado colombiano y del poder transnacional.
Ante esta actividad de movilización y de lucha, la fuerza pública ha respondido con violencia institucional no legal ni amparada en la Constitución colombiana como disparar con arma de fuego contra los manifestantes, dando el triste espectáculo de un gobierno que masacra a su población.
A mediodía de hoy se presentan 65 heridos entre los cuales hay un niño de 10 años herido con arma de fuego , en la María Piendamo, dentro de los cuales los siguientes:
Hermes Arbey Diaz del Resguardo de Huellas Caloto
Mauricio Menza de Jambaló, (herido en la frente con tiro recalzado)
Benjamín Ramos de Talaga (perdió un ojo y herido en el pecho)
Mariano Morano Dizu de Pitayo, (herido con arma de fuego en el cráneo)
Enyi Ulcue de Pueblo Nuevo (herido en la pierna con arma de fuego)
Jhon Fredy Piñacue de 16 años (herido con garrote en la frente)
Mario Guetoto de Delicias
Diomedes Quinto de San Andres de Pisimbala
Joaquin Cotocue de San Andres de Pisimbala
Milciades Tumbo de San Andres de Pisimbala
Jose Ferney Pardo de Inza
Adolfo Quitumbo de Corinto
Harold Cucuñame de Honduras
Delio Quitumbo de Toribío
Hernando Campo de Pitayo
Aldemar Ramos de Huellas, Caloto
Luis Felipe NN
Marco Antonio Guejia de Miranda
Lizardo Pete de Caloto
José Manzano de Tacueyo
Los compañeros Mariano Morano Dizu y Benjamín Ramos, fallecieron en el Hospital San José de Popayán; Mariano fue herido con arma de fuego en el cráneo, y los médicos no dan esperanza de vida; Benjamín Ramos perdió el ojo izquierdo.
También hay 2 detenidos y 5 desaparecidos.
Llamamos a todos los sectores democráticos y populares a exigir al Gobierno nacional que respete la Constitución y los mínimos humanitarios reconocidos en el mundo, y que detenga esta masacre contra los movilizados. Igualmente nos solidarizamos con las otras regiones que se encuentran movilizadas en esta minga, y que igualmente están siendo brutalmente reprimidas.
CONSEJERIA MAYOR DEL CRIC. OCTUBRE 15 DE 2008.
SEMANA DE LOS ESTUDIANTES Y MAESTROS ASESINADOS POR CRÍMENES DE ESTADO
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y PROFESORAL: VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO
Invitados: Nelson Raúl Fajardo y José Wilson González
Lugar: Laboratorio de Geografía (A-315) Hora: 2-4 pm
Jueves 23 de Octubre
HISTORIA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN LA UPN
Invitados: Helwar Figueroa, Claudia Flórez e Iván Arturo Torres
Aula: Paulo Freire. Hora: 3-5 pm
Lunes 20 de Octubre
CASOS:
NICOLÁS NEIRA
Invitado: Yuri Neira
Aula: Paulo Freire hora: 3-5pm
Martes 21
DARÍO BETANCOURT
Invitados: Crisanto Gómez, Víctor Manuel Prieto y ASFADDES
Aula: Paulo Freire hora: 3-5 pm
Miércoles 22
MIGUEL ÁNGEL QUIROGA Y EDGAR FAJARDO
Por confirmar
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
CLL 72 nº 11 -95
La realización de esta semana se inscribe en la propuesta de construir un monumento en bronce a los estudiantes y maestros asesinados por crímenes de Estado.
En las diferentes actividades se recogerán llaves, candados o cualquier elemento de bronce para la construcción del mismo.
¡¡¡POR NUESTROS MUERTOS… NI UN MINUTO DE SILENCIO!!!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
