La adopción de la política gubernamental de la “Revolución Educativa” en el sistema universitario financiado por el estado, tiene a varias universidades ad portas de severas crisis presupuestales, pues con la complacencia de los Consejos Superiores, cooptados en sus mayorías por el gobierno de Uribe Vélez, acogieron la propuesta de duplicar la cobertura con los mismos recursos que anualmente gira la nación, situación evidente en la Universidad Pedagógica Nacional que paso de tener 5.102 estudiantes de pregrado en el año 2003 a 8.626 en el primer semestre de 2008, esto explica, en parte, la crisis presupuestal por la que atraviesa nuestra universidad. La otra parte de la explicación esta en la particular manera de administrar del actual rector.
Desde la llegada de Oscar Armando Ibarra a la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional en el año 2003, se inicio un proceso caracterizado por el manejo personalista, arbitrario y riesgoso del presupuesto y un crecimiento disparatado y aparatoso de la institución. Esto esta suficientemente evidenciado en el plan de desarrollo 2004-2008 que no definió metas, objetivos ni indicadores claros. Ni siquiera se proyectó el presupuesto que se administraría en este periodo. Esta indefinición explica la improvisación de los últimos años en los que han primado e instituido como proyectos muchos caprichos del rector y sus áulicos. Todo esto llevado a cabo en medio de un régimen autoritario que cerró espacios de participación democrática y niega elementales derechos de reunión, asociación e información.
A diciembre de 2003, además del presupuesto anual, la UPN contaba con 23.938 millones de ahorros (activos corrientes) conformados por recursos propios y aportes de la nación con destinación especifica (como la construcción de un auditorio en el Instituto Pedagógico Nacional). Estos ahorros se agotaron a finales del 2006, cubriendo con parte de ellos el déficit de: 2004 ($2.905 millones); 2005 ($3.200 millones) y 2006 ($998 millones). En el año 2007 el déficit fue de $8.287 millones y como ya no hubo con que taparlo, comenzaron a sentirse claramente los problemas en el 2008: no pago a proveedores y contratistas de extensión (problema que viene desde 2006); recorte en la contratación de profesores catedráticos y ocasionales; suspensión de materias electivas, modificación de programas, recorte en salidas de campo etc, etc. Hechos que se comenzaron a presentar desde el segundo semestre de 2007 y son muchísimo mas evidentes en el 2008, no solo por que se agotaron los ahorros, sino porque ante el déficit proyectado para 2008 (mas de $8.000 millones) el Consejo Superior comenzó a controlar al rector y su irracional forma de administrar y gastar los recursos de la universidad.
Ante este panorama, el primer semestre de 2008 se caracterizó por la movilización de la comunidad universitaria para denunciar la crisis presupuestal y sus responsables ante los medios de comunicación y la opinión pública. Con sendas marchas al Ministerio de Educación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación se logró llamar la atención de estos entes y concertar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se debió realizar el 10 de junio, pero que gracias a los disturbios del 29 de mayo fue cancelada. Mejor favor no le pudieron hacer a Ibarra quienes, contra la voluntad de la comunidad organizada, le dieron la disculpa que necesitaba para no rendir cuentas, cerrar la universidad y hacer sentir su autoritarismo al someter a la comunidad académica a la humillante condición de culminar clases y hacer evaluaciones en los andenes y cafeterías aledañas a la UPN.
Durante el cierre de junio el rector reunió a los empleados y profesores para por enésima vez enumerar su lista de realizaciones y endilgar la responsabilidad de la crisis a quienes hemos denunciado esta situación ejerciendo el legítimo derecho a la protesta social de carácter civilista. En su versión, aprovecho para mostrarse como la “victima” de un complot de intereses politiqueros al interior de la Universidad Pedagógica Nacional en alianza con el Ministerio de Educación. Complot, que según él, ha roto el principal activo de la UPN: la credibilidad social. También como “victima” esta vez de una alianza entre sectores de la universidad y la insurgencia, recorrió los organismos de control para reclamar mesura en los informes de auditoria y control por que “e¬stos son utilizados para azuzar a la comunidad universitaria en su contra”.
En el 2008 la comunidad educativa del Instituto Pedagógico Nacional (IPN) se puso en estado de alerta, pues una de las alternativas que plantea Ibarra para mitigar la crisis presupuestal de la UPN es “la venta del lote de la calle 127, recursos con los cuales se crearía un fondo que garantizaría la sostenibilidad” (véase Acta del Consejo Superior N 23 de 2007. Pág. 5). Por primera vez, en un acto oficial, el rector hizo pública la intención que desde años atrás ladinamente venía dejando en el ambiente sin confirmarla ni desmentirla. Ante estas noticias durante algunos días los profesores se declararon en asamblea permanente, los padres de familia hicieron públicas sus dudas y reclamos a Ibarra y los estudiantes organizados en el Consejo Estudiantil hicieron varias jornadas de estudio que culminaron con un hecho sin antecedentes en el IPN: una marcha de estudiantes y padres de familia (IPN-UPN) que se llevó a cabo el 25 de agosto.
La crisis presupuestal afectó a la comunidad educativa del IPN por la angustia e incertidumbre que genera la propuesta de venta de sus terrenos. Pero además porque en junio no se renovó el contrato a la empresa de aseo y el colegio funcionó durante un mes y medio en deplorables condiciones de aseo, a pesar de los esfuerzos de un escaso número de trabajadores y de docentes de preescolar que tuvieron que cumplir con estas labores para evitar una emergencia sanitaria en los primeros niveles. El colegio fue cerrado sin previo aviso el 1º de septiembre ya que esta situación era insostenible.
Ante el cierre y el despliegue que tuvo en los medios de comunicación, Ibarra monto en cólera y le reclamó airadamente a la directora por esta decisión. Bueno es aclarar que días antes le había exigido un listado de los profesores que participaron en la asamblea permanente y en una reunión informativa con representantes de la UPN, para no renovarles contrato el próximo año y sancionar a los estudiantes que promovieron la marcha. A estas pretensiones ella se había negado por la ilegalidad y arbitrariedad que representaban. Entre otros, estos hechos generaron la renuncia de la directora, quien se había comprometido en una reunión de padres de familia con el rector a que mientras ella estuviera “no se haría la venta del lote, así lo decidiera el Consejo Superior y lo autorizara la Ministra de Educación, hasta que el IPN no tenga un lugar donde nos podamos ir en unas condiciones mejores” lo cual se debe convertir en un propósito de la comunidad educativa del IPN y de la UPN.
Por otra parte, el proyecto bandera de Ibarra, la construcción de una nueva Sede en Valmaría (calle186 con Autopista Norte) cada día se convierte en uno más de sus embelecos porque que no tiene ningún futuro. Según Ibarra “la primera etapa del proyecto comenzaría en los primeros meses de 2005 y en el 2006 estarían listas las Facultades de Educación Física y Bellas Artes, el Auditorio Principal, el IPN y el Museo Pedagógico” y según el Plan de Desarrollo Institucional para el año 2007 debió haber concluido la primera etapa de la construcción del edificio de la Facultad de Educación Física, los Campos Deportivos y la adecuación de vías. Nada de esto existe. Lo que hasta el momento se puede constatar es que han habido cuatro inauguraciones de la maqueta, el traslado de la Facultad de Educación Física en precarias condiciones, 9.000 millones invertidos, varias crisis sanitarias por el rebosamiento de los caños aledaños y la cañerías internas, renuncia de profesores, deserción estudiantil y la imposibilidad de realizar este sueño porque no hay un peso: de las donaciones provenientes de la comunidad internacional que Ibarra prometió en la campaña de elección, no hay gestión y mucho menos dinero; el proyecto de estampilla del que se esperaban 250.000 millones fue archivado en el Congreso de la República y con Ciro Ramírez (padrino político del rector) en la cárcel es imposible revivirlo. Lo mismo se puede decir de los 500.000 millones incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo por este ilustre padre de la patria. Así las cosas y con el déficit mencionado esta obra esta parada desde el año pasado y las perspectivas de construcción están condicionadas al proyecto de venta de las actuales sedes de la UPN.
En estos días la crisis presupuestal se ha expresado de manera concreta en: 1) En septiembre, por primera vez en los últimos 20 años, a los profesores y empleados de planta se les pagó su salario después de vencerse el mes. 2) El 7 de octubre la Biblioteca no prestó servicio en la tarde a los estudiantes, debido a que a los empleados de contrato no se les había cancelado el salario correspondiente a septiembre. 3) El 8 de octubre los trabajadores del restaurante pararon sus actividades y no se ofreció alimentos a los estudiantes ante la inexistencia de insumos para prepararlos. 4) A la mayoría de docentes provisionales y de cátedra se les pagó hasta el 6 de octubre y a otros aún no se les ha pagado. 5) A los docentes del Centro de Lenguas les adeudan varios meses de salario. 6) Varias salidas de campo han sido aplazadas o canceladas.
Las respuestas de la administración a esta crisis son enormemente preocupantes: se esta estudiando la posibilidad de vender en un solo paquete los predios de la Sede Principal (Calle 72), Sede el Nogal (Calle 78 Cra. 9a), e IPN (Calle 127), Ibarra unas veces aduce que es para crear un fondo con cuyos rendimientos se cubriría el déficit y otras, que es para garantizar la construcción de la Sede Valmaría. ¿Cuál será la verdad al respecto? Sumado a esto un agresivo plan de ajuste que no toca las raíces del problema.
La situación descrita ha generado diversas respuestas de los diferentes estamentos de la UPN: los profesores del Centro de Lenguas hicieron un cese de actividades en el año 2007 motivo por el cual la gran mayoría fueron reemplazados; Ibarra fue abucheado en la ceremonia de grado de julio por los nuevos maestros; los trabajadores oficiales le hicieron un mitin a finales de septiembre al rector para presionar la contratación de la compañía de aseo para el IPN y deshacerse de la pesada carga laboral que tuvieron que asumir.
Mención especial requiere el hecho que se generó el pasado 30 de septiembre. En el marco de la celebración de los 40 años del programa de Educación Especial, Ibarra iba a inaugurar unos equipos para uso de la población con limitación visual, por lo cual se ordenó el cierre de la Biblioteca desde las 7 de la mañana. Esto causó una enorme molestia entre los estudiantes usuarios. La insatisfacción creció y se convirtió en airados reclamos cuando se hizo presente el rector, al que le requirieron por la calamitosa situación de la UPN y le exigieron que públicamente respondiera a sus cuestionamientos. Rápidamente Ibarra ingreso al recinto seguido por los estudiantes que le reclamaban y a los cuales se les impidió el ingreso, presentándose un forcejeo entre estos y directivos-profesores. Durante cuatro horas los estudiantes pretendieron que el rector rindiera cuentas en una asamblea pública a lo que se negó rotundamente, incluso cuando la Secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón y el Subsecretario de Seguridad y Convivencia Andrés Restrepo, mediaron para que este evento se llevara a cabo con presencia de delegados de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y de la misma Secretaría de Gobierno. Este episodio fue capitalizado por el rector para presentarse ante los medios de comunicación como la victima de un secuestro agravado porque con él estaban retenidas personas discapacitadas. Cuando esto fue conocido creció la indignación de los estudiantes porque, según ellos, “habían propiciado todas las posibilidades para que las personas con limitación visual salieran, pero el rector no lo había permitido”. En medio de la dificultad para lograr un acuerdo Ibarra salió por una ventana de la Biblioteca en un operativo, al parecer, ordenado por la Dirección Nacional de la Policía, pasando por encima de la Autoridad Distrital. El desenlace de este episodio se convierte en otro round de las diferencias entre le Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital. Además deja claro que el régimen es el de la Seguridad Democrática. Para la Comunidad Educativa de la UPN quedó en evidencia la ausencia de voluntad de las directivas para propiciar salidas consensuadas a los problemas de la universidad y el afán de impedir que la opinión pública conozca lo que esta pasando: expresamente las directivas impidieron el ingreso de RCN y CARACOL para que cubrieran la asamblea que se llevó a cabo en el Coliseo de la Universidad después de la aparatosa salida del rector.
La grave crisis presupuestal de la UPN reclama la más decidida, inteligente y civilista acción de todos sus estamentos. Hoy más que nunca es necesario que los diversos sectores y personas que abierta o silenciosamente, antes o recientemente, nos hemos opuesto al proceder de la actual administración, superemos la dispersión y con todo y las diferencias, comencemos un proceso en el que construyamos espacios de encuentro, reconocimiento y concertación que nos permitan levantar consensos en torno a un programa de reconstrucción de la universidad, que en principio defina posturas frente a temas como: democracia y autonomía universitaria; la propuesta de constituyente universitaria; los mecanismos para la superación de la crisis presupuestal; el incremento de cobertura; la nueva Sede de Valmaría; la propuesta de venta de los predios de la Calle 72, el Nogal y el IPN; el gobierno universitario; el reemplazo de la actual administración como punto de llegada de este proceso y otros tantos que surjan del debate.
Para iniciar este proceso se convoca a toda la comunidad universitaria a crear
un espacio de encuentro multiestamentario cuya primera reunión será el
próximo miércoles 15 de octubre a las 2.00 p.m.
Preparémonos para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
programada para el 10 de noviembre
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